Durante décadas, Zimbabwe fue conocido como el granero de África. Hoy, su gobierno busca recuperar a los mismos agricultores que expulsó por la fuerza a partir del año 2000, cuando el régimen de Robert Mugabe puso en marcha el Programa de Reforma Agraria de Vía Rápida (FTLRP).
La historia tiene raíces coloniales. La Ley de Distribución de Tierras de 1930 dividió el país en zonas raciales: los suelos más fértiles quedaron para colonos europeos, mientras las comunidades negras recibieron territorios áridos y erosionados. El Acuerdo de Lancaster House, firmado en Londres en diciembre de 1979 como certificado de nacimiento de Zimbabwe independiente, intentó resolver esa herencia imponiendo el principio de «vendedor dispuesto, comprador dispuesto» durante diez años: el Estado no podía expropiar tierras a la fuerza, solo comprarlas si el propietario aceptaba vender.
Ese equilibrio se rompió. El ritmo de redistribución resultó insuficiente para aliviar la presión demográfica en las áreas comunales, y Mugabe abandonó el modelo de mercado. En el año 2000 comenzaron las confiscaciones sin compensación. Liam Philp, ciudadano zimbabuense de cuarta generación, recuerda que en 2004 hombres de los servicios de seguridad se presentaron en su finca familiar y le ordenaron abandonarla de la noche a la mañana. Craig Deall, quien había adquirido su propiedad en 1986 —años después de la independencia—, sufrió un desalojo forzoso ese mismo año: perdió la tierra, toda la infraestructura y el equipo acumulado, sin recibir compensación alguna.
Las consecuencias fueron catastróficas. La producción de cultivos comerciales clave —trigo, soja y tabaco— registró caídas de entre el 30% y el 70%. El sector del girasol colapsó casi por completo, con una reducción del 87% en su volumen de salida. El vacío productivo detonó una hiperinflación que alcanzó el 79.600.000.000% mensual en 2008, destruyendo el sistema financiero. Entre tres y cuatro millones de ciudadanos abandonaron el país. Y la reforma no solo desplazó a miles de propietarios blancos: dejó en la calle a unos 300.000 trabajadores agrícolas negros, quienes perdieron empleo y hogar, y fueron excluidos de forma sistemática de los beneficios de la redistribución.
El antiguo granero de África pasó a depender de la importación masiva de granos básicos. Los agricultores desplazados, en cambio, llevaron su experiencia técnica y su acceso al crédito a Zambia, Mozambique, Nigeria y Malawi, donde transformaron la producción local.
Ahora, dos décadas después, Zimbabwe intenta revertir ese daño llamando de vuelta a quienes expulsó.
Conviene mirar los incentivos. La expropiación sin compensación no redistribuyó riqueza: la destruyó. Eliminó los derechos de propiedad que sostenían el crédito agrícola, desmanteló el capital técnico acumulado por generaciones y convirtió una economía exportadora en una dependiente de ayuda alimentaria. El dato importa más que el ruido ideológico: cuando el Estado arrasa la propiedad privada en nombre de la justicia histórica, los primeros perjudicados suelen ser precisamente los trabajadores más vulnerables, como demuestran esos 300.000 empleados agrícolas negros que no recibieron tierra ni compensación.
La historia de Zimbabwe es un manual sobre el coste real del populismo agrario: no solo para los propietarios desplazados, sino para toda la cadena productiva que depende de la seguridad jurídica. Recuperar la confianza de los inversores y agricultores exige algo más que una invitación; exige garantías institucionales que el país todavía está lejos de ofrecer con solidez.
