JERUSALÉN.- Benjamin Netanyahu pidió este domingo una investigación contra los soldados israelíes que participaron de forma anónima en el documental NAZA y acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza.
La cinta, premiada en Venecia, se apoya en los testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes. En el documental, esos testimonios sostienen que las fuerzas israelíes matan de forma intencionada a numerosos civiles durante sus bombardeos contra Hamas en la Franja de Gaza.
Según explicó su oficina, Netanyahu pidió al jefe del Estado Mayor, al jefe de los servicios de seguridad interior y a la fiscal del Estado que abran una «investigación exhaustiva sobre los participantes en el film NAZA y los lleven ante la justicia».
Netanyahu dijo, según el comunicado, que la película cuenta «un relato falso, engañoso y tendencioso, que difama al Estado de Israel y al ejército en todo el mundo». También dijo que quiere proponer un proyecto de ley para «despojar de su ciudadanía a las personas que difamen a los soldados de Tsahal».
El documental desató una tormenta política en Israel. Sus directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, fueron acusados de «traición» por algunos ministros y amenazados con ser despojados de la nacionalidad israelí.
El ejército israelí rechazó «tajantemente» las acusaciones recogidas en el documental y expresó sus dudas sobre la fiabilidad de los participantes anónimos.
La guerra en la Franja de Gaza fue lanzada en represalia por el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Salud gazatí, hasta ahora dejó más de 74.000 muertos. El ataque de Hamas dejó 1221 muertos, según cifras oficiales israelíes.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un gobierno pide investigaciones y amenaza con castigos de ciudadanía por una obra incómoda, la señal política no se limita al frente interno. También revela cuánto peso tiene la batalla por la narrativa en una guerra larga, costosa y devastadora.
Para un Estado que libra un conflicto de esta magnitud, el costo institucional importa. Si el documental miente, corresponde demostrarlo con hechos. Si no, la reacción oficial corre el riesgo de parecer un intento de disciplinar el disenso antes que de esclarecer responsabilidades. En ambos casos, el escrutinio público sigue siendo indispensable.