Geert Wilders, líder del PVV y uno de los jefes de los partidos más grandes del Parlamento neerlandés, exigió este viernes expulsar a España del espacio Schengen y cerrar «de inmediato» las fronteras de Países Bajos. La demanda llegó tras los intentos de entrada irregular registrados en Ceuta desde Marruecos.
«¡Nuestras fronteras deben cerrarse YA y España debe ser expulsada de Schengen!», escribió Wilders en sus redes sociales. En el mismo mensaje acusó a «los locos de la izquierda liberal» —categoría en la que incluyó tanto al Gobierno español como al neerlandés— de permitir «la entrada de todo el mundo».
El dirigente anunció además que ha solicitado la convocatoria de un debate plenario urgente para abordar la situación en España, sus posibles repercusiones para Países Bajos y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse.
La propuesta de Wilders carece por ahora de mecanismo jurídico inmediato: el Tratado de Schengen no contempla una expulsión unilateral de un Estado miembro por decisión de otro parlamento nacional. Sin embargo, el episodio ilustra la velocidad con que los episodios de presión migratoria en la frontera sur se convierten en combustible político en el norte del continente.
Conviene mirar los incentivos. Países Bajos atraviesa una coalición de gobierno inestable; Wilders necesita visibilidad en un tema que, según encuestas recientes en varios países europeos, encabeza las preocupaciones ciudadanas. Cada imagen desde Ceuta es, para su electorado, evidencia de que las instituciones comunitarias no protegen las fronteras exteriores.
El dato importa más que el ruido. Lo relevante no es la propuesta de Wilders en sí —difícilmente ejecutable en los términos en que la plantea—, sino el síntoma que revela: la arquitectura Schengen se sostiene sobre la premisa de que los Estados del sur gestionan eficazmente el perímetro exterior de la Unión. Cuando esa premisa se pone en duda, los socios del norte responden con controles internos, retórica de cierre o, como en este caso, demandas de exclusión.
Europa lleva años aplazando una respuesta estructural al problema: quién financia la frontera exterior, quién la gestiona y qué ocurre cuando un Estado miembro carece de capacidad o voluntad política para contenerla. Mientras esa respuesta no llegue, episodios como el de Ceuta seguirán alimentando a quienes, desde La Haya o desde otras capitales, encuentran en la libre circulación un blanco fácil. La soberanía nacional y el control de fronteras no son conceptos incompatibles con la integración europea; ignorarlos, en cambio, sí tiene un coste político mensurable.
