Las personas procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51% del total de 1.174.978 solicitudes registradas en el proceso de regularización extraordinaria celebrado en España, según señaló el gobierno en una respuesta parlamentaria.
El Ejecutivo detalló que las diez principales nacionalidades de los solicitantes, junto con su porcentaje sobre el total, son Colombia con 25,9%; Marruecos con 13,3%; Venezuela con 11,8%; Perú con 8,8%; Honduras con 4,8%; Paraguay con 3,8%; Argelia con 3,4%; Senegal con 2,9%; Pakistán con 2,5%; y Argentina con 2,3%.
La presencia venezolana entre las tres primeras nacionalidades vuelve visible una realidad que ya no puede tratarse como fenómeno marginal. Cuando un proceso extraordinario acumula más de 1,17 millones de expedientes, la pregunta relevante no es solo cuántas solicitudes entran, sino qué capacidad tiene el Estado para procesarlas, verificarlas y resolverlas con orden.
La respuesta oficial llegó a partir de una batería de preguntas del PP, que pidió conocer el número de solicitudes rechazadas, las órdenes de expulsión, devoluciones o procedimientos de retorno suspendidos, así como las principales nacionalidades de los solicitantes.
El gobierno explicó que, a 21 de septiembre, esos datos «no están disponibles», porque el proceso de tramitación de las solicitudes continuó hasta el 30 del mes pasado.
En otra batería de preguntas, el PP también preguntó por los expedientes recibidos con indicios de fraude documental, falsedad en la acreditación de la residencia o utilización de documentación obtenida de forma irregular.
Ese detalle importa más de lo que suele admitirse en el debate público. Un proceso de regularización de esta escala no es solo una estadística migratoria: es una prueba para las instituciones, para la seguridad jurídica y para la credibilidad del propio sistema. Conviene mirar los incentivos. Si el procedimiento no distingue con rapidez entre solicitudes válidas, dudosas o directamente irregulares, el costo recae sobre la administración y, en última instancia, sobre los contribuyentes.
También hay un ángulo político que no conviene perder de vista. El PP ha puesto el foco en la parte menos cómoda del expediente: rechazos, expulsiones, retornos suspendidos y posibles indicios de fraude. El gobierno, por ahora, responde con una disponibilidad parcial de datos. Esa asimetría alimenta una discusión de fondo sobre transparencia y control, dos condiciones mínimas para que cualquier política migratoria conserve legitimidad.
España puede necesitar mecanismos excepcionales en coyunturas excepcionales. Pero cuando el volumen supera el millón de solicitudes, el margen para la improvisación se reduce. Lo que está en juego no es solo la regularización de cientos de miles de personas, sino la capacidad del aparato estatal para aplicar reglas previsibles sin vaciar de contenido la autoridad de la ley.
