La Casa Blanca publicó este jueves el documento «La Gran Estafa del Tráfico de Mercancías», un informe que identifica más de 40 países asociados a un elevado riesgo de transbordo ilegal de mercancías vinculadas a China. Chile figura en ese listado, en el llamado Tier 3, junto a Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Suiza y otras naciones de Asia y África.
El documento, ilustrado con un Caballo de Troya, sostiene que Estados Unidos «se enfrenta a un reto cada vez mayor derivado del transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países con el fin de eludir los aranceles aplicables y otras medidas comerciales correctivas». El mecanismo descrito incluye reetiquetado, reempaquetado, refacturación, procesamiento menor y declaraciones falsas sobre el país de origen.
El Tier 3 agrupa a jurisdicciones más pequeñas que ofrecen, según el informe, ventajas específicas: bajos costos laborales, normas permisivas en zonas francas, acceso estratégico a puertos, almacenes aduaneros, capacidad aduanera limitada u operaciones de montaje especializadas. El texto no atribuye a Chile ninguna conducta ilegal concreta; lo clasifica por su perfil estructural dentro de ese marco de riesgo.
El informe advierte que «los exportadores vinculados a China podrían utilizar estas jurisdicciones tanto para actividades de producción limitadas como para la gestión logística», y que, a medida que los sectores exportadores locales dependan más de insumos, logística y capital chinos, «Beijing podría ganar influencia comercial y geopolítica adicional, al tiempo que conserva el acceso indirecto al mercado estadounidense».
El Tier 1 del documento agrupa a los llamados «líderes de escala diversificada»: Canadá, México, la Unión Europea, Israel e India, entre otros. El Tier 2 incluye a Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam, países con mayor integración en cadenas de suministro chinas.
Sobre el volumen del problema, el informe analiza cinco estimaciones —tanto del sector público como del privado— que oscilan entre cerca de 40.000 millones y 303.000 millones de dólares al año, dependiendo de la metodología utilizada. La Casa Blanca reconoce que «parte de este cambio refleja transformaciones legítimas en la producción, la inversión y el abastecimiento», pero sostiene que «el momento, la magnitud y la dirección de ambas tendencias justifican una investigación más exhaustiva».
La publicación llega en medio de las negociaciones entre Santiago y Washington tras la aplicación del arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso a Chile en julio pasado.
Conviene mirar los incentivos. La clasificación en el Tier 3 no equivale a una acusación formal, pero sí coloca a Chile en un radar de escrutinio que puede traducirse en condiciones comerciales más exigentes o en presión para reforzar controles aduaneros. Para una economía abierta cuyo modelo descansa en acuerdos de libre comercio y en la credibilidad de sus instituciones, la señal de Washington no es menor: el costo de aparecer en ese listado —aunque sea en el escalón más bajo— se mide en incertidumbre para los exportadores y en capital político que habrá que gastar en la mesa de negociación.
El dato importa más que el ruido. Lo que el informe pone sobre la mesa es una disputa de fondo sobre quién controla las cadenas de suministro globales. Chile no diseñó esa arquitectura, pero tampoco puede ignorar que su posición geográfica, su infraestructura portuaria y su red de tratados comerciales lo convierten en un nodo atractivo para flujos que Washington quiere auditar. La respuesta del gobierno chileno ante esta clasificación definirá, en buena medida, el tono de la relación bilateral en los próximos meses.
