Luis Alberto Albán Urbano, conocido en las Farc como «Marcos Calarcá» y excongresista de Comunes, rechazó cualquier participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En una entrevista con el Reporte Coronell, dijo sentir «sorpresa» y «temor» por los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, se refiriera a un mensaje en el que aparecía su nombre y que considera relevante para esclarecer quién habría ordenado el crimen.
«Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso que me está acusando ella, o que dice que me están acusando», afirmó Albán. Añadió que su compromiso con el acuerdo de paz firmado en 2016 ha marcado su actuación desde entonces.
También negó haber intermediado, transportado o entregado información relacionada con Miguel Uribe Turbay. «Nunca intermedié ni entregué información. Entre otras cosas, porque, como le digo, mi compromiso es con la paz. No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc; por el contrario, soy objetivo militar de ellos», expresó.
Albán sostuvo además que no tuvo información previa sobre un posible atentado contra el senador. Según explicó, las conspiraciones y la planeación de ataques no formaban parte de sus actividades políticas ni de su trabajo como congresista.
Sobre su relación con Miguel Uribe Turbay, dijo que apenas se cruzaron en los pasillos del Congreso y que nunca llegaron a saludarse. Descartó, por eso, que entre ambos existiera una relación de confrontación personal.
En cambio, recordó que durante sus dos periodos legislativos tuvo relaciones de trabajo e incluso amistad con congresistas de distintas colectividades, entre ellas el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y sectores de los verdes.
El excongresista aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. «Yo estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas, a cumplir las citas que los organismos de justicia competentes consideren necesarias», señaló.
Frente al dolor de María Claudia Tarazona por el asesinato de su esposo, Albán manifestó respeto y solidaridad. Recordó que asistió al acto de despedida del senador en el Capitolio Nacional, aunque decidió no acercarse a la familia para evitar posibles controversias.
Dijo que comparte la exigencia de que se esclarezca el crimen, pero sostuvo que la verdad debe establecerse mediante una investigación judicial sustentada en pruebas. «Es necesario que la justicia concluya el caso, pero que sea la justicia la que construya esa verdad, la que la reconstruya y encuentre los responsables de todo tipo», expresó.
Las declaraciones de Albán se conocieron al tiempo en que el abogado Luis Eduardo de la Hoz López, de la firma DLH Legal Group, divulgó un comunicado en el que confirmó que recibió poderes especiales para representar jurídicamente al excongresista y a otros cinco antiguos integrantes de la Cámara vinculados a Comunes: Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López y Carlos Alberto Carreño Marín.
En el documento, fechado el 15 de octubre de 2026, la firma cuestionó las atribuciones de responsabilidad basadas en mensajes, imágenes, identidades o supuestas fuentes de financiación cuya autenticidad y alcance no hayan sido corroborados. Aclaró que no dispone de los soportes originales mencionados en las declaraciones periodísticas y que, por tanto, no puede confirmar su contenido.
«Una manifestación pública o un documento no verificado no equivale a determinación judicial de responsabilidad», advirtió la firma.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de establecer con precisión la identidad de la persona mencionada en los mensajes que han circulado públicamente. De la Hoz señaló que existen denominaciones similares asociadas a Luis Alberto Albán Urbano y a Alexander Díaz Mendoza, por lo que una coincidencia nominal no permite concluir a quién se refiere un mensaje ni atribuirle conductas a su representado.
Conviene mirar los incentivos: en un caso de esta gravedad, la justicia solo conserva legitimidad si separa pruebas de ruido, nombres parecidos y versiones cruzadas. La presión política y mediática no puede sustituir la responsabilidad penal individual.
También está en juego algo más amplio que un expediente. Cuando la atribución de responsabilidades se apoya en documentos no verificados, el daño no recae solo sobre los señalados: se erosiona la confianza pública en las instituciones que deben esclarecer el crimen y proteger el debido proceso.
