La Corte Suprema concedió la libertad provisional a Iván Name y Andrés Calle por vencimiento de términos. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, una semana después de que se ordenara su salida de prisión.
Ambos estaban detenidos en La Picota, en Bogotá, y continúan vinculados al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación los señala por presuntamente haber recibido sobornos por un total de 4.000 millones de pesos, provenientes de contratos irregulares de la entidad, a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso.
La Corte sostuvo que habían transcurrido 12 meses desde que quedó en firme la resolución de acusación, el 7 de octubre de 2025, sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento. También señaló que no encontró que la demora fuera atribuible a los procesados o a sus defensas.
Name y Calle están acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Según la acusación, habrían recibido una coima de 3.000 millones de pesos y 1.000 millones, respectivamente, a cambio de apoyar proyectos del Gobierno relacionados con las reformas pensional y de salud.
El caso se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional que destapó el escándalo de la UNGRD. La entidad, creada para atender emergencias, terminó convertida, según los hallazgos de la Fiscalía y la Procuraduría, en una red de contratos amañados y favores políticos.
Además, ambos congresistas fueron señalados por exfuncionarios de la entidad y por testigos dentro del proceso de haber tenido una participación directa en la trama, que habría implicado el uso de recursos públicos con fines políticos.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el dinero de los contribuyentes entra en la lógica de los favores, la consecuencia no es solo penal: es un golpe a la credibilidad de las instituciones y a la idea misma de que el Estado debe servir al interés general.
La libertad provisional no borra la gravedad del caso ni la pregunta de fondo. Si la política convierte presupuestos y contratos en moneda de negociación, el problema no es solo de personas: es de reglas, controles y responsabilidad. El dato importa más que el ruido.
