Un tribunal federal de California dictaminó a fines de agosto que las leyes bajo las cuales el gobierno de Trump buscó revocar la visa y deportar a Mahmoud Khalil son inconstitucionales por violar la Primera Enmienda. El fallo establece que el Estado no puede expulsar a una persona únicamente porque el gobierno rechaza su discurso.
La decisión, sin embargo, no despeja la acusación central en su contra. Según el expediente que motivó el intento de deportación, Khalil habría obtenido su estatus de residencia bajo falsas pretensiones, al ocultar que trabajó para la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas señalada por sus vínculos con Hamás. El fallo judicial resuelve una cuestión constitucional, no la veracidad de esa acusación.
El otro caso que sacude el debate migratorio es el de Gurmeet Singh. Llegó a Estados Unidos con una visa de seis meses en 1992 y permaneció casi una década más allá de su vencimiento. Pese a esa infracción, obtuvo la residencia permanente en 2000 y la ciudadanía naturalizada en octubre de 2011.
Semanas antes de presentar su solicitud de naturalización, Singh cometió un delito grave: mientras conducía un taxi, agredió sexualmente a una pasajera a punta de cuchillo y la amenazó de muerte. No fue identificado ni arrestado hasta tres años después. Fue juzgado, condenado y permanece en prisión desde entonces. Solo ahora, el gobierno de Trump le revocó la ciudadanía.
En paralelo, la administración avanza en un frente más amplio: revocó formalmente las visas B-1 y B-2 —de negocios y turismo— de unos 200.000 ciudadanos extranjeros que ingresaron por esa vía y luego permanecieron en el país mientras solicitaban asilo, según reportó el diario New York Post. La medida busca cerrar una de las rutas más utilizadas para prolongar la estadía legal más allá de lo previsto por el visado original.
Los tres episodios —el fallo judicial, el caso Singh y la revocación masiva de visas— convergen en un mismo punto: el sistema migratorio legal estadounidense carece de mecanismos ágiles para expulsar a quienes obtuvieron su estatus mediante fraude o lo mantuvieron incumpliendo la ley durante años. Casi una década de permanencia irregular no impidió que Singh accediera a la residencia y luego a la ciudadanía; solo una condena penal, y años después, forzó la revisión de su caso.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el costo de violar las reglas de entrada es bajo y el beneficio de permanecer —residencia, naturalización, acceso a derechos— es alto, el sistema premia precisamente la conducta que debería sancionar. Eso erosiona la legitimidad de la inmigración legal ante la opinión pública, y termina perjudicando a quienes sí siguen el proceso correctamente.
El fallo sobre Khalil recuerda, además, que la libertad de expresión es un límite legítimo al poder del Estado, incluso cuando se ejerce sobre personas cuya conducta previa genera sospechas fundadas. Pero ese principio no debería confundirse con impunidad frente al fraude documental. La distinción es la que Washington deberá afinar si aspira a preservar el respaldo ciudadano a la inmigración legal, en momentos en que la paciencia del electorado con los abusos del sistema se agota con rapidez.
