La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este martes revisar el desafío del gobierno de Trump a una decisión que anuló la orden de deportación de un ciudadano nigeriano, Izuchukwu Ozurumba, y abrió una discusión sobre hasta dónde puede llegar la prohibición migratoria ligada al terrorismo.
El caso gira en torno a la pregunta de si servicios ordinarios prestados a organizaciones terroristas, incluida la cocina de miles de comidas, pueden descalificar a un inmigrante para recibir asilo, incluso cuando esos servicios no están directamente conectados con ataques terroristas.
Según la petición aceptada por la Corte, Ozurumba fue forzado a cocinar miles de comidas para los Unknown Gunmen, un grupo militante vinculado a la violencia política en Nigeria. El gobierno sostiene que esa conducta entra en la disposición de la ley migratoria que excluye del asilo a quienes brindan «material support» a organizaciones terroristas.
La Immigration and Nationality Act enumera entre los apoyos prohibidos el transporte, las comunicaciones, la vivienda, el dinero, las armas y el entrenamiento, pero no define de manera explícita qué constituye apoyo material. Ese vacío dejó espacio para una interpretación judicial que ahora vuelve a estar en disputa.
La 4th Circuit, en una decisión de 2-1, revocó la orden de deportación de Ozurumba y devolvió el caso a la Board of Immigration Appeals. El juez James Wynn Jr., nombrado por Obama, escribió la opinión mayoritaria, a la que se unió la juez Nicole Berner, designada por Biden. Ozurumba fue deportado a Nigeria en abril de 2025 mientras su apelación seguía pendiente.
Bryce Poole, senior legal fellow con Advancing American Freedom, dijo a Fox News Digital que «la mayor conclusión es que este es un caso sobre quién decide el límite en una ley que afecta la seguridad nacional». Añadió que «el Congreso escribió una regla amplia, y la corte la interpretó de forma estrecha».
El caso llega además dos años después de que la Suprema Corte anuló la doctrina de Chevron deference, que obligaba a los jueces a deferir a interpretaciones razonables de las agencias federales cuando la ley era ambigua. La decisión de 2024 dio a los jueces mayor poder para decidir qué significan esas leyes.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una norma sobre seguridad nacional se redacta con palabras amplias, pero sin una definición precisa, el poder real se desplaza hacia quienes la interpretan. Aquí, el tribunal no solo decidirá el destino de Ozurumba; también fijará cuánto margen tiene el aparato estatal para tratar actos de asistencia ordinaria como apoyo terrorista.
Para quienes creen en un Estado de derecho previsible, el caso importa porque una frontera legal difusa debilita la seguridad jurídica. Para el gobierno, en cambio, la lectura más amplia ofrece una herramienta más dura para controlar la inmigración y castigar cualquier vínculo con grupos violentos. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego es quién pone la línea, el Congreso, las agencias o los jueces.
