Las autoridades federales investigan cartas con «sustancias sospechosas» enviadas a oficinas del Congreso y a dependencias electorales estatales en Estados Unidos, según el FBI y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS).
El caso alcanzó a varias oficinas de senadores demócratas. Entre ellas están las de Alex Padilla, Chris Murphy y Kirsten Gillibrand, cuyas oficinas confirmaron haber recibido los envíos, aunque varios fueron interceptados antes de la entrega. Chuck Schumer y Lisa Blunt Rochester también fueron destinatarios de correo sospechoso, según CBS News, socio de BBC en Estados Unidos.
La investigación no se limita al Congreso. La oficina de elecciones de Delaware dijo que recibió y abrió una carta con una sustancia blanca en polvo el jueves. El Consejo Electoral Estatal de Oklahoma y la secretaria de Estado de Luisiana también informaron esta semana haber recibido cartas con polvo blanco. En Luisiana, la oficina fue evacuada después de que un empleado abriera el paquete el martes, aunque luego reabrió cuando el ordenamiento policial no encontró evidencia de sustancias nocivas.
Frank LaRose, secretario de Estado de Ohio, dijo que su oficina era el destinatario previsto de una carta con polvo blanco, pero que el USPIS la interceptó. El Capitolio estatal de Nueva York, en Albany, y el de Wyoming, en Cheyenne, también recibieron paquetes sospechosos, según una revisión de transmisiones de respuesta de emergencia citada por la BBC.
El FBI y el USPIS afirmaron en un comunicado que continuarán protegiendo al público y asegurando las elecciones para los ciudadanos estadounidenses. Las agencias no dijeron cuántas oficinas habían sido objetivo de los envíos.
Padilla dijo que el incidente es «un recordatorio contundente del peligro muy real» que enfrentan quienes sirven al público y ayudan a administrar las elecciones en medio de una retórica política cada vez más hostil. Conviene mirar los incentivos: cuando el correo se convierte en vehículo de intimidación, el costo recae sobre instituciones que ya operan bajo presión y sobre el dinero de los contribuyentes destinado a blindarlas.
La historia sugiere cautela. A semanas de la elección, cualquier amenaza contra oficinas legislativas o electorales no solo altera protocolos; también erosiona la confianza en el orden cívico. El Estado tiene la obligación elemental de proteger la seguridad física y la integridad del voto. Si falla ahí, todo lo demás se vuelve más frágil.
