La administración Trump está escalando su campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusa de ignorar atrocidades cometidas por regímenes autoritarios mientras apunta de forma ilegal a Estados Unidos y a sus militares.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo a Fox News Digital que la CPI ha «violado el derecho internacional al atacar a Estados Unidos y a los militares estadounidenses», mientras ha «hecho repetidamente la vista gorda ante los abusos de regímenes despóticos que financian el terrorismo, reprimen y torturan brutalmente a sus ciudadanos, y cometen crímenes de lesa humanidad».
La administración sostiene que el tribunal ha excedido su autoridad al investigar a estadounidenses, pese a que Estados Unidos nunca se ha unido al Estatuto de Roma que creó la CPI. A comienzos de este año, el gobierno impuso sanciones a altos funcionarios de la CPI y prometió continuar una campaña diplomática contra el tribunal.
Pigott aseguró que Estados Unidos «continuará su campaña diplomática para desmantelar sistemáticamente el tribunal».
El Departamento de Estado dijo además que la CPI nunca abrió un examen preliminar sobre Irán, pese a décadas de denuncias de abusos contra los derechos humanos, incluida la represión de protestas, las ejecuciones de presos políticos y el patrocinio estatal del terrorismo. También señaló que la corte cerró un examen preliminar sobre Corea del Norte sin abrir una investigación completa y no siguió adelante pese a un informe de la ONU de 2014 que documentaba crímenes de lesa humanidad.
La administración también criticó a la corte por su actuación sobre otros casos, en un nuevo episodio de una pugna que tiene tanto de legal como de política exterior. Conviene mirar los incentivos: Washington está dejando claro que no aceptará que un tribunal al que no pertenece marque el perímetro de su soberanía ni el de sus tropas.
Desde la óptica de Continente, el dato importante no es solo el choque con La Haya, sino la arquitectura de poder que revela. Cuando una institución internacional pierde credibilidad por aplicar estándares selectivos, se debilita su legitimidad y crece el espacio para que cada capital defina sus propios límites. El orden internacional funciona peor cuando la jurisdicción se percibe como asimétrica.
También importa el precedente para la libertad de acción de los Estados Unidos y para el equilibrio entre soberanía nacional y burocracias multilaterales. Si la Casa Blanca logra arrastrar a aliados a revisar su relación con la CPI, el tribunal podría quedar más expuesto a una crisis de autoridad. Si no lo logra, el pulso servirá al menos para subrayar que las instituciones solo conservan poder cuando no parecen operar con doble rasero.
