El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció la interceptación y el hundimiento de una nueva embarcación en el Pacífico Oriental, la cuarta operación de este tipo en poco más de una semana contra objetivos vinculados a Los Choneros, la organización criminal más grande de Ecuador.
Según el comunicado militar, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) «interdictó exitosamente una estación de reabastecimiento flotante de múltiples embarcaciones en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas». El Comando Sur sostuvo que «la inteligencia confirmó que las embarcaciones operaban en apoyo a la organización narcoterrorista violenta Los Choneros».
El protocolo descrito es el mismo en todos los casos recientes: una vez asegurada la nave principal y desembarcada la tripulación, las fuerzas estadounidenses la hunden junto con las embarcaciones de apoyo adjuntas. En una operación similar confirmada días antes, el Ministerio de Defensa de Ecuador identificó a la nave interceptada como la «María Candelaria» y precisó que habría funcionado como «estación de reabastecimiento flotante para embarcaciones menores en actividades ilícitas de narcotráfico».
La cadencia de los operativos —cuatro en poco más de siete días— refleja una escalada deliberada de la cooperación entre Washington y Quito contra las rutas marítimas que, según el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, sirven para cargar droga en lanchas pequeñas con destino a puertos mexicanos y, desde ahí, a Estados Unidos. «Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional», declaró Reimberg a Teleamazonas, al defender que los operativos son «producto de una investigación».
Esa versión oficial choca con el relato de las familias de los tripulantes. Veintiocho personas provenientes de dos embarcaciones hundidas por fuerzas estadounidenses, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, llegaron a la ciudad portuaria de Manta entre protestas de parientes que exigían información en las afueras de la Unidad de Vigilancia Comunitaria y la Capitanía del Puerto. Los familiares sostuvieron que no se trataba de narcotraficantes, sino de pescadores que habían salido a faenar, y se instalaron en la calle con carteles que decían «No al atropello contra nuestros pescadores» y «Ellos son inocentes, no son delincuentes».
«¿Qué quiere el presidente Noboa? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia», dijo una de las parientes a los medios, según recogió la prensa local. La tensión entre el discurso oficial de eficacia antinarco y el reclamo de comunidades pesqueras que se sienten criminalizadas sin juicio previo es, hasta ahora, el principal costo político visible de la ofensiva.
La cooperación bilateral se ha intensificado bajo el gobierno de Daniel Noboa, que ha hecho de la alianza con Washington un eje de su estrategia de seguridad frente a Los Choneros, grupo que ha desestabilizado puertos y cárceles ecuatorianas en los últimos años. Para Quito, cada interdicción exitosa es una prueba de que la cooperación militar rinde resultados frente a una amenaza que erosiona el Estado de derecho y ahuyenta la inversión en una economía dependiente de sus puertos.
Conviene mirar los incentivos de cada actor. Washington gana una demostración operativa de su renovado despliegue naval en el Pacífico Oriental; Quito, un socio dispuesto a asumir el costo político de operaciones letales en su territorio marítimo. El riesgo, sin embargo, no es menor: si el patrón de detenciones erosiona la distinción entre logística narco y pesca artesanal, el respaldo social a una estrategia por lo demás defendible —golpear las redes de abastecimiento antes de que la droga zarpe— puede desgastarse antes de mostrar resultados duraderos contra el crimen organizado.
