Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, confirmó ante la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Baja California que su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada. Su explicación: inició hace aproximadamente dos años el proceso para obtener la residencia permanente tras contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense, y la cancelación del documento de turista formaría parte de ese procedimiento migratorio.
Al mismo tiempo, rechazó que existan investigaciones activas en su contra por parte de autoridades estadounidenses. Argumentó que, de existir señalamientos relacionados con delitos como narcotráfico, las autoridades habrían rechazado desde un principio su solicitud de residencia permanente. Respecto al expediente federal mencionado en medios, Caballero sostuvo que corresponde al atentado ocurrido en 2023 contra uno de sus escoltas, caso en el que aseguró haber sido considerada víctima y no persona investigada.
Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido pronunciamiento público alguno que explique las razones específicas de la revocación. Ese tipo de decisiones forman parte de las facultades soberanas de Washington en materia migratoria, lo que deja el expediente en un limbo informativo que ninguna de las partes ha podido cerrar con documentos verificables.
Pese al ruido, Caballero reiteró su intención de competir por la gubernatura de Baja California en 2027 bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), partido en el que milita tras alejarse de Morena. Aclaró, sin embargo, que no asumiría el cargo si al momento de rendir protesta no cuenta al menos con una visa vigente o con la residencia permanente. Su condición actual es la de coordinadora estatal de afiliación del PT, desde donde espera la definición de las fuerzas políticas sobre una eventual alianza y el método de selección de candidaturas.
En otro frente, Caballero afirmó que los procedimientos administrativos iniciados durante su gestión por la Sindicatura del Ayuntamiento de Tijuana ya fueron concluidos: según ella, varios fueron desechados por cuestiones de procedimiento y plazos legales. Aprovechó para criticar a la administración municipal de Ismael Burgueño Ruiz por, a su juicio, continuar atribuyendo problemas de infraestructura a su gobierno pese al tiempo transcurrido. También cuestionó la asignación de recursos públicos a la denominada Patrulla Espiritual, al considerar que esos fondos podrían destinarse a fortalecer programas municipales.
Conviene mirar los incentivos. El silencio de Washington no absuelve ni condena, pero sí complica el cálculo político de Caballero: una candidatura a la gubernatura construida sobre una situación migratoria no resuelta es, en el mejor de los casos, una apuesta de alto riesgo. El dato importa más que el ruido: hasta que exista un pronunciamiento oficial estadounidense o una resolución judicial, el caso permanece abierto.
Lo que sí está claro es el escenario institucional que enfrenta Baja California. El estado necesita gobernabilidad, inversión y certeza jurídica en su frontera más activa con Estados Unidos. Una candidatura envuelta en interrogantes migratorias y versiones contrapuestas no es precisamente el perfil que genera confianza en los mercados ni en los inversionistas que dependen del cruce fronterizo. La historia sugiere cautela: en política, los expedientes sin resolver no desaparecen; se acumulan.
