Miguel Sánchez Altamirano, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue vinculado a proceso por extorsión agravada y otros delitos que atentan contra la seguridad del Estado, en una audiencia ante un Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
La audiencia comenzó a las 11:00 horas y no había concluido cuando se informó del cambio de abogados de la defensa, lo que obligó a un receso. El proceso judicial se reanudó a las 16:00 horas de ayer.
Sánchez Altamirano fue detenido el pasado 23 de septiembre de 2026 por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal. En el mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto P. L., alias «La Parka».
Ambos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa: Sánchez Altamirano en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano y Carlos Alberto P. L. en el Cefereso de Perote, Veracruz.
Un día después también fue detenido el ex Comisario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Juchitán, Jhon Keny Moreno Segura. En paralelo, se confirmó que Mariano Rosado López, exsecretario municipal de Juchitán, se encuentra prófugo de la justicia.
La Fiscalía de Oaxaca y la SSPC relacionan a estos cuatro personajes con la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación identificada como «Los Cromos», que opera en la región del Istmo de Tehuantepec. La audiencia de vinculación a proceso de Jhon Moreno Segura está prevista para hoy 30 de septiembre de 2026.
Aún no se confirma si Carlos Alberto P. L. también fue vinculado a proceso.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un municipio termina rodeado por acusaciones de extorsión, presuntos vínculos con una organización criminal y detenciones de funcionarios o exfuncionarios, el problema no es solo penal: es de autoridad. La ley pierde eficacia cuando quienes debían resguardar el orden aparecen en la órbita de la delincuencia.
Para los ciudadanos y para la actividad económica local, el mensaje es claro: sin seguridad y sin instituciones que funcionen, se encarecen la inversión, el comercio y la vida cotidiana. El aparato estatal existe para proteger derechos, no para convertirse en un factor más de incertidumbre.
