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Video de 2018 revela que candidato demócrata al Senado de Michigan apoyó licencias de conducir para inmigrantes ilegales

Abdul El-Sayed, aspirante demócrata al Senado de EE.UU., defendió en una entrevista de campaña que negar licencias a indocumentados era «discriminatorio»; expertos advierten que esas licencias abren el acceso a beneficios estatales y dificultan la autoexpulsión.
Imagen generada con IA
Estados Unidosmartes 4 de agosto de 2026

Un video de 2018 que circula de nuevo en la campaña por el Senado de Michigan muestra a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al escaño federal, defendiendo que los inmigrantes indocumentados deberían poder obtener licencias de conducir estatales.

«Tenemos que asegurarnos de que en este estado no discriminemos por estatus migratorio. Ahora mismo, si eres indocumentado, no tienes acceso a una licencia de conducir. Estás atrapado», dijo El-Sayed en aquella entrevista de campaña, según el registro audiovisual.

El candidato fue más lejos: «No tienes acceso a muchas de las cosas básicas que el estado ofrece a todos los demás, y creo que eso es ridículo, así que tenemos que dejar de discriminar de esa manera».

El resurgimiento del clip llega a días de las primarias del partido demócrata en Michigan, donde El-Sayed se enfrenta el martes a la representante Haley Stevens. El ganador avanzará a las elecciones generales del 3 de noviembre.

El argumento del experto

Hans von Spakovsky, experto en elecciones de Advancing American Freedom, explicó las implicaciones prácticas de extender ese documento. «Dado que Estados Unidos no tiene una tarjeta de identidad nacional como los europeos y otras naciones, las licencias de conducir estatales hacen las veces de ese documento. Emitirlas a extranjeros ilegales los ayudará en todos los casos en que se necesite una licencia, desde abrir cuentas bancarias hasta todo tipo de otras transacciones», señaló Von Spakovsky, según la fuente.

El experto también apuntó que los formularios I-9, la documentación de elegibilidad laboral, «regularmente no requieren mucho más que una licencia». Y fue directo sobre las consecuencias de la política contraria: «La clave para lograr que los extranjeros ilegales se autodepoorten sería asegurarse de que no puedan alquilar apartamentos, abrir cuentas bancarias y dar todos los demás pasos necesarios para vivir y trabajar en EE.UU. Proporcionarles licencias de conducir es un paso enorme para permitirles vivir y trabajar fácilmente en el país».

El perfil del candidato

El-Sayed ha rechazado etiquetas como «progresista» o «extremista de izquierda», pero ha abogado por un enfoque de gobierno más intervencionista en áreas como asequibilidad, infraestructura y servicios públicos. Ha apoyado Medicare para todos, se opone a exenciones fiscales corporativas y defiende el acceso gratuito a la educación superior.

Cuando fue consultado sobre las propuestas de expansión del gasto público de candidatos como Zohran Mamdani, El-Sayed dijo que cree que los demócratas avanzarán en esa dirección. «El gobierno debe estar disponible para establecer un campo de juego equitativo para todos y ofrecer esas cosas básicas que todos necesitan y merecen», declaró a Fox News Digital.

La campaña de El-Sayed no respondió a solicitudes de comentario sobre hasta dónde debería llegar el gobierno en la provisión de servicios a no residentes, ni sobre si emitir licencias a indocumentados implicaría una aprobación tácita de su presencia en el país.

El dato importa más que el ruido. La discusión sobre licencias para indocumentados no es cosmética: en ausencia de un documento de identidad nacional, la licencia estatal funciona como llave maestra del sistema. Quien la posee puede abrir cuentas, acceder a empleo formal y estabilizar su residencia. Eso no es una política de tráfico; es una decisión sobre quién tiene acceso al aparato de beneficios que financia el contribuyente. Conviene mirar los incentivos: si el objetivo declarado de la política migratoria federal es reducir la presencia irregular, las licencias estatales empujan en dirección contraria. La coherencia entre niveles de gobierno —y el costo que asume quien paga impuestos— merece estar en el centro del debate, no en sus márgenes.

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