Las autoridades venezolanas iniciaron el registro único de vivienda para los damnificados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, informó que el despliegue comenzó en los campamentos transitorios del estado Miranda.
El censo tiene como objetivo recabar la ubicación exacta de las viviendas afectadas y su georreferenciación, datos con los que el Ejecutivo afirma que coordinará «un plan de atención integral» para cada caso. Los terremotos causaron el derrumbe de decenas de edificaciones en varios estados, con mayor impacto en La Guaira.
Según cifras actualizadas, 23.901 personas se encuentran actualmente en campamentos transitorios. A un mes de la tragedia, habitantes de La Guaira reportan vivir con miedo y dormir fuera de sus casas, según información recogida por medios locales.
En paralelo, el representante estadounidense John Barrett reveló que Estados Unidos aportó hasta 386 millones de dólares en asistencia humanitaria tras los terremotos. La cifra contrasta con la respuesta interna: el régimen apenas inicia la fase de registro, sin que se hayan anunciado plazos concretos de reubicación o reconstrucción.
Otro elemento que complica el cuadro humanitario: organizaciones de derechos humanos piden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingrese a Venezuela, señalando que los presos políticos permanecen «fuera de la mirada» incluso en medio de la emergencia sísmica, según reportaron medios venezolanos. Asimismo, Provea rechazó la reciente salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional, decisión anunciada por el gobierno de Delcy Rodríguez en días recientes.
Conviene mirar los incentivos. Un Estado que tarda un mes en iniciar el registro de sus propios damnificados, mientras la asistencia externa —386 millones de dólares aportados por Washington— supera con creces cualquier cifra de respuesta interna verificable, revela la brecha entre el discurso soberanista del régimen y su capacidad real de gestión. El «plan integral» del Ejecutivo existe, por ahora, como promesa burocrática.
El dato importa más que el ruido. La reconstrucción de viviendas exige instituciones funcionales, seguridad jurídica sobre la propiedad y recursos que fluyan sin captura política. Ninguna de esas condiciones está garantizada en la Venezuela actual. Mientras el aparato estatal acumula datos en planillas, casi 24.000 personas siguen durmiendo en carpas. La historia sugiere cautela ante planes diseñados desde arriba sin mecanismos de rendición de cuentas ni participación de la libre empresa en la reconstrucción.
