El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela extendió hasta el 23 de julio la exigencia de autorización previa para los vuelos internacionales de aviación general que operen en aeropuertos del país. La medida quedó formalizada en el Notam A0310/26, correspondiente a la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, y fue difundida a través de los sistemas internacionales de información aeronáutica.
La prórroga entró en vigor el 16 de julio a las 6:25 p. m., hora venezolana, y se mantendrá hasta el 23 de julio a las 7:59 p. m., es decir, por una semana adicional. Los controles rigen desde finales de junio, cuando el INAC los implementó tras los terremotos del 24 de junio que devastaron el norte del país y causaron serias afectaciones al aeropuerto internacional de Maiquetía.
La restricción aplica de manera exclusiva a los vuelos internacionales de aviación general. Las operaciones de aviación comercial regular no se ven afectadas y continúan sujetas a la programación habitual de las aerolíneas y sus autorizaciones ordinarias.
El contexto es de por sí severo. Los sismos del 24 de junio —reportados con magnitudes de 7,2 y 7,5— provocaron daños estructurales en la infraestructura aeroportuaria del litoral central venezolano. Según información recogida por El Nacional, la aerolínea Laser Airlines confirmó la muerte de 15 de sus trabajadores en los terremotos, y medios como Bloomberg señalaron que los venezolanos afectados fueron «abandonados a su suerte» mientras los equipos de rescate se retiraban. El gobierno venezolano accedió, según la misma fuente, a 346 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para la recuperación post-sísmica.
La prórroga de controles aéreos es, en términos técnicos, una respuesta comprensible al daño físico de la infraestructura. Sin embargo, conviene mirar los incentivos. Venezuela lleva años operando un espacio aéreo que ya acumulaba restricciones y opacidad regulatoria antes de los terremotos; la emergencia ofrece ahora una cobertura adicional para mantener controles discrecionales sobre quién entra y quién sale por vía aérea.
El dato importa más que el ruido: la aviación general —vuelos privados, chárter, carga no regular— es precisamente el segmento que más utilizan inversores, periodistas independientes, organizaciones humanitarias y ciudadanos de recursos medios para moverse con autonomía. Someter cada operación a «permiso previo de la autoridad aeronáutica venezolana» no es lo mismo que reforzar la seguridad técnica de una pista dañada; es instalar un filtro burocrático sobre la movilidad. La historia sugiere cautela ante la tendencia de los aparatos estatales a convertir la emergencia en norma permanente.
