El Gobierno venezolano anunció el viernes su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller Félix Plasencia justificó la decisión al acusar al tribunal de actuar con «sesgo» y concentrar su labor de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos. Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró el anuncio y acusó a la CPI de acumular expedientes para «agredir a los pueblos del sur global».
La maniobra, sin embargo, no produce los efectos que Caracas parece buscar. El propio Estatuto de Roma establece que la retirada entra en vigencia un año después de notificada, y que no afecta las investigaciones ni los procedimientos penales iniciados con anterioridad a esa fecha. La CPI lo recordó desde La Haya: Venezuela seguirá siendo parte del organismo durante ese período y mantendrá sus obligaciones de cooperación.
La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la decisión y subrayó que «se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro». El tribunal, por su parte, señaló que adherirse o abandonar un tratado internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados», aunque dejó claro que la notificación formal aún no había llegado a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas.
Los antecedentes del caso son precisos. En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En 2021 inició una investigación formal que permanece activa. En abril de 2022, Caracas solicitó aplazar la investigación alegando que sus propias autoridades nacionales atenderían los casos; en junio de 2023, la Corte autorizó a la Fiscalía a reanudar las pesquisas al considerar que los procedimientos internos venezolanos «no reflejaban suficientemente el alcance» de la investigación. En diciembre pasado, la Fiscalía cerró su oficina técnica en Caracas por falta de «progreso real» en materia de complementariedad, aunque dejó claro que los investigadores en La Haya continuarían trabajando.
El gesto de Caracas tiene, entonces, más valor político que jurídico en el corto plazo. Conviene mirar los incentivos: un gobierno que enfrenta una investigación activa por crímenes de lesa humanidad elige salir del marco que podría responsabilizarlo, pero el marco no desaparece con la salida. Las normas del Estatuto de Roma fueron diseñadas precisamente para impedir que los Estados acusados escapen del procedimiento con una simple notificación diplomática.
El dato importa más que el ruido. Lo que Venezuela no puede hacer con este retiro es borrar el historial de la investigación, neutralizar las eventuales órdenes de captura ni eludir la cooperación exigida por casos ya abiertos. El aparato de justicia internacional avanza con lentitud, pero la arquitectura institucional que Caracas intenta esquivar fue construida para sobrevivir exactamente a este tipo de maniobras. La historia sugiere cautela ante quienes confunden una salida simbólica con impunidad garantizada.
