El balance oficial de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio subió a 5.278 muertos y 16.740 heridos, según cifras difundidas el lunes por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon con especial intensidad el estado costero de La Guaira.
Las autoridades reportaron daños en más de 850 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente. Un total de 23.587 damnificados permanecen distribuidos en 107 campamentos transitorios en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En la zona más afectada, numerosas familias siguen alojadas en estadios, canchas, plazas y aceras.
El gobierno no ha informado una cifra oficial de desaparecidos. La ONU estimó que ese número podría llegar a 50.000, mientras otras proyecciones lo sitúan cerca de 10.000.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un plan habitacional desde Fuerte Tiuna, en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión. «De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual», afirmó. Rodríguez encabezó además la entrega de los primeros apartamentos, correspondientes a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC dentro del complejo militar.
«Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada», declaró la funcionaria, sin precisar el número exacto de unidades adjudicadas en el acto.
Para 2027, el gobierno proyecta superar las 10.000 unidades mediante la recuperación de «edificios que no habían sido culminados» y la incorporación del mercado secundario. El Ejecutivo calcula que serán necesarias 25.000 viviendas para atender la demanda habitacional generada por el desastre, cifra que podría aumentar conforme avance la inspección de inmuebles con daños estructurales. Con ese fin, las autoridades iniciaron un censo biométrico en los campamentos para planificar la reubicación definitiva de los afectados.
La semana pasada, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó que el Ejecutivo se reunió con empresas constructoras para acelerar la edificación de cuatro complejos residenciales en Fuerte Tiuna, proyecto que contempla 342 apartamentos, además de áreas recreativas y estacionamientos.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que lleva años acumulando déficits de vivienda —agravados por la emigración masiva y el deterioro de la infraestructura pública— enfrenta ahora una emergencia de escala bíblica con los mismos instrumentos que produjeron esa acumulación: empresa estatal, complejo militar y promesa mensual de adjudicaciones. La brecha entre las 25.000 viviendas que el propio Ejecutivo reconoce necesarias y las 4.000 que promete antes de diciembre no es un detalle administrativo; es la medida del problema. El dato importa más que el ruido: mientras la ONU habla de hasta 50.000 desaparecidos y el gobierno aún no ofrece una cifra oficial, la credibilidad de cualquier plan de reconstrucción depende, antes que nada, de saber con exactitud a cuántas personas hay que atender.
