La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.119, tras sumarse 50 nuevos decesos en el último balance, informó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon la región norte del país hace casi un mes y desencadenaron una emergencia que no cede.
Las autoridades contabilizan 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas. Desde el 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas. El balance detalla que 128.324 familias han recibido algún tipo de atención, mientras 21.470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios. La pérdida de vivienda afecta a 17.907 personas.
En el terreno operan 2.278 rescatistas internacionales. Este sábado partió desde Uruguay un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria —insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene— organizado de forma interinstitucional por la Presidencia uruguaya para responder a las necesidades identificadas por el gobierno venezolano.
A la asistencia estatal se suma la labor de Global Empowerment Mission, organización estadounidense que opera con respaldo de la administración de Donald Trump y la Iglesia católica. Su director para América Latina, Luis Velásquez, explicó a EFE que la meta es «quedarnos aquí durante cinco años apoyando a la población más damnificada, particularmente en La Guaira». La primera fase incluye entrega de alimentos —frijoles, arroz, atún, agua, sopas instantáneas— y productos de higiene, además de carpas, generadores eléctricos y fórmulas para bebés, distribuidos ya en once comunidades costeras. La organización aspira a asistir a 5.000 familias diarias, equivalente a unas 20.000 personas al día. A partir de agosto prevé iniciar proyectos de reconstrucción de viviendas y apoyo a los sectores agrícola, industrial y comercial.
La zona más golpeada, La Guaira, concentra los mayores daños materiales y humanos. El comercio en sus playas quedó paralizado, dejando a cientos de familias sin ingresos ni alternativas. Testimonios recogidos por medios internacionales describen familias durmiendo en la calle ante el riesgo de derrumbe de sus viviendas.
Conviene mirar los incentivos. La magnitud del desastre —más de cinco mil muertos, casi dieciocho mil personas sin techo— exige una respuesta que el aparato estatal venezolano, debilitado por años de gestión deficiente, difícilmente puede asumir solo. No es casual que la asistencia más organizada y de mayor alcance proyectado provenga de actores privados e internacionales: la sociedad civil y las organizaciones con financiamiento externo están cubriendo el vacío que deja un Estado cuya capacidad institucional lleva años en declive.
El dato importa más que el ruido. Mientras el gobierno administra los boletines y los campamentos, la reconstrucción real —viviendas, empleo, infraestructura— dependerá de que fluya inversión privada y cooperación internacional sin trabas burocráticas ni captura política de los fondos. La historia de emergencias en economías cerradas sugiere cautela: los recursos humanitarios mal canalizados no reconstruyen países; solo prolongan la dependencia.
