España alcanzó un nuevo récord de población al cierre del segundo trimestre de 2026: 49.801.559 habitantes, según la Estadística Continua de Población (ECP) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ese total, 42.364.016 tienen nacionalidad española y 7.437.543 son extranjeros. El país registra además 10.291.807 residentes nacidos en el extranjero, cifra que incluye tanto a extranjeros como a quienes adquirieron posteriormente la nacionalidad española.
En ese contexto, los venezolanos se consolidaron como la segunda nacionalidad con más llegadas durante el segundo trimestre del año. El INE contabilizó 23.300 venezolanos que ingresaron al país entre abril y junio, frente a las 21.200 llegadas registradas en el primer trimestre. En el mismo período se anotaron cerca de 5.900 salidas de ciudadanos venezolanos.
El primer lugar lo ocupan los colombianos, con 34.000 llegadas en el segundo trimestre. En tercer lugar se ubican los marroquíes, con 21.100 ingresos, aunque su presencia estuvo marcada por una crisis puntual: a finales de julio, entre 50.000 y 70.000 ciudadanos marroquíes cruzaron hacia Ceuta a nado o por los espigones, según estimaciones recogidas por medios españoles. Reportes posteriores señalan que la mayoría regresó a Marruecos de forma voluntaria en los días siguientes. La crisis fue impulsada, según las mismas fuentes, por altas tasas de desempleo en Marruecos y por falsos rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta apertura de la frontera española.
Los números del INE no son solo estadística demográfica. Cada venezolano contabilizado en esa cifra trimestral representa una decisión tomada bajo presión: la de abandonar un país donde el aparato estatal ha destruido sistemáticamente los incentivos para quedarse. Dos décadas de economía dirigida, expropiaciones y colapso de servicios básicos han producido una de las diásporas más grandes del hemisferio occidental, y España —por idioma, historia y red consular— sigue siendo el destino europeo preferido.
Conviene mirar los incentivos. Para el gobierno de Maduro, la emigración masiva funciona como válvula de escape: reduce la presión interna y genera remesas que sostienen el consumo doméstico. Para España, la llegada sostenida de población activa alivia tensiones demográficas y laborales —el país registró 22,5 millones de trabajadores en julio tras la regularización de extranjeros, según datos mencionados en fuentes paralelas—, pero también exige infraestructura de acogida, integración y cohesión social. El dato importa más que el ruido: mientras Caracas no restaure el estado de derecho, la propiedad privada y la libre empresa, el flujo no se detendrá. España recibirá personas; Venezuela perderá capital humano. Ese intercambio asimétrico tiene un solo responsable.
