Veintitrés eurodiputados de distintos grupos parlamentarios —socialistas, Verdes, Renew y La Izquierda— y de países como Francia, España, Bélgica, Italia, Eslovenia y Dinamarca firmaron una carta en la que condenan las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol.
Rajoy había escrito en una columna de opinión que el combinado galo es un equipo de «altísimo nivel, eso sí, sin franceses». Los firmantes sostienen que esas palabras no son solo «desafortunadas», sino que constituyen «puro racismo» y reflejan una narrativa xenófoba que equipara la ciudadanía con la etnia o la raza.
Entre los firmantes españoles figuran Estrella Galán (Sumar), Hana Jalloul (PSOE), Irene Montero e Isabel Serra (Podemos), Jaume Asens (En Comú), Diana Riba (ERC), Vicent Marzá (Compromís) y Ana Miranda (BNG), promotora de la iniciativa.
En el texto, los eurodiputados argumentan que el planteamiento de Rajoy «reproduce uno de los pilares del racismo contemporáneo»: negar la plena ciudadanía e identidad nacional de las personas por sus rasgos u orígenes. Señalan que los jugadores de la selección francesa «representan a su país al máximo nivel, en la Copa del Mundo», y que cuestionar su condición de franceses equivale a poner en duda «la igualdad de millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, cuya única diferencia respecto a otros compatriotas es el origen de sus familias».
La carta concluye reafirmando el compromiso de los firmantes con «una Europa diversa, inclusiva y respetuosa» y con la igualdad de todos sus ciudadanos «independientemente de su origen, su color de piel o sus apellidos».
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Conviene mirar los incentivos. La carta reúne a 23 legisladores, todos ellos provenientes del espectro que va del centroizquierda a la izquierda radical. Ningún firmante pertenece a los grupos de centroderecha o derecha del Parlamento Europeo, lo que sugiere que el episodio sirve tanto como condena moral cuanto como ejercicio de movilización identitaria en un momento en que la izquierda continental busca narrativas de cohesión.
El debate de fondo —qué define la identidad nacional y quién tiene autoridad para delimitarla— es legítimo y antiguo. Pero instrumentalizarlo mediante cartas institucionales dirigidas contra un expresidente de gobierno por una columna de opinión plantea una pregunta incómoda: si el aparato parlamentario europeo se activa cada vez que una figura política hace una afirmación polémica en un artículo de prensa, el umbral de intervención institucional se vuelve tan bajo que pierde sentido. El dato importa más que el ruido: veintitrés votos en una cámara de 720 escaños no son una condena de Europa, son la agenda de un sector de ella.
