La crisis migratoria de Ceuta ha hecho visible lo que llevaba años tomando forma en silencio. Una carta impulsada por Italia y respaldada por otros 21 Estados miembros reclama un endurecimiento de la política migratoria europea. El documento reúne a gobiernos conservadores, socialdemócratas, liberales y democristianos de geografías tan distintas como el Mediterráneo, el Báltico y el norte de Europa. El denominador común no es ideológico: es un diagnóstico compartido sobre la prioridad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión antes de debatir cualquier otra cosa.
Los firmantes son Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Cinco países decidieron no sumarse: España, Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.
La ausencia de España resulta, en cierta medida, explicable: es el país directamente afectado por la crisis de Ceuta y los firmantes le expresan respaldo explícito para hacer frente a la presión migratoria. Francia y Portugal evitaron adherirse pese a mostrar públicamente apoyo al Gobierno español, en línea con el vínculo estrecho que mantienen con Madrid en la gestión de la frontera suroccidental. Irlanda siguió su pauta habitual de prudencia en iniciativas conjuntas, y Luxemburgo, defensor histórico de un enfoque garantista en materia de asilo, completó el grupo disidente.
El punto de inflexión colectivo fue la gran crisis migratoria de 2015. Desde entonces, el debate europeo se ha desplazado: si antes giraba en torno al reparto de solicitantes de asilo entre Estados miembros, hoy el centro de gravedad apunta a cómo impedir que las llegadas irregulares se produzcan. Conceptos como la externalización del asilo, la cooperación con países de origen y tránsito, el refuerzo de Frontex y los movimientos secundarios dentro del espacio Schengen han ganado protagonismo decisivo.
Italia simboliza esa transformación mejor que ningún otro país. Durante años fue uno de los principales defensores del reparto de inmigrantes entre socios europeos. La llegada de Giorgia Meloni al Gobierno marcó un cambio de estrategia: Roma dejó de insistir en la redistribución y pasó a defender que el esfuerzo debía concentrarse en impedir que las embarcaciones alcanzaran las costas europeas. Esa posición se tradujo en acuerdos con Túnez y Libia para contener las salidas, en el pacto con Albania para tramitar solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario y en una defensa constante del refuerzo de Frontex y los retornos de quienes no obtienen protección internacional.
El caso danés es igualmente revelador. Bajo el liderazgo de la socialdemócrata Mette Frederiksen, Copenhague aprobó algunas de las reformas migratorias más restrictivas de Europa occidental, endureciendo condiciones de residencia permanente y promoviendo la tramitación de asilo en terceros países. Su posición rompe la frontera política que durante años parecía separar izquierda y derecha en esta materia.
Conviene mirar los incentivos. El bloque de 22 representa a los países que soportan la presión directa de las rutas migratorias o que asumen los costos internos —sociales, fiscales, de orden público— de los movimientos secundarios dentro de Schengen. Su convergencia no obedece a un proyecto ideológico uniforme, sino a la experiencia acumulada de que el sistema de gestión migratoria de la Unión, tal como estaba diseñado, trasladaba los costos a los Estados de primera entrada y a los de destino sin ofrecer soluciones estructurales.
El dato importa más que el ruido. Que 22 de 27 Estados miembros respalden una misma carta no es una anécdota diplomática: es una mayoría cualificada que señala hacia dónde se moverá la política migratoria europea en los próximos años. La pregunta relevante no es si España firmó o no el documento, sino si el Gobierno de Madrid tiene una estrategia sostenible para gestionar su frontera sur cuando el resto del continente avanza en una dirección distinta. La libre circulación dentro de Schengen, uno de los activos más valiosos del proyecto europeo, exige que alguien controle efectivamente el perímetro exterior. Ese principio elemental es hoy, de hecho, el único consenso real de la Unión.
