Uruguay registró 195 homicidios durante el primer semestre de 2026, el nivel más alto para esa franja desde 2018, cuando se contabilizaron 224 asesinatos en los primeros seis meses. El dato surge del informe presentado el lunes por el Ministerio del Interior, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), y representa un aumento del 6,6% respecto al mismo período del año anterior.
La evolución no fue homogénea. Entre enero y marzo se registraron 92 homicidios; entre abril y junio la cifra trepó a 103, con un pico en mayo: 38 asesinatos a nivel nacional, 25 de ellos en Montevideo. Once de esos casos ocurrieron en la última semana del mes, en una seguidilla que incluyó un triple homicidio en una boca de drogas del Cerro, donde un grupo armado efectuó decenas de disparos, y otros ataques en barrios como Marconi, Piedras Blancas e Ituzaingó.
El peso del área metropolitana es determinante. Montevideo y Canelones reunieron 144 homicidios, frente a los 120 del mismo período del año anterior. En la capital, los asesinatos pasaron de 103 a 114 en la comparación interanual; el segundo trimestre mostró un salto de 45,8% respecto al mismo trimestre del año previo, al pasar de 48 a 70 crímenes. Canelones, con 30 homicidios, registró un incremento de 76,5%.
El mercado de drogas explica buena parte del fenómeno. En Canelones, «casi el 70%» de los homicidios estuvo vinculado de alguna forma a esa actividad, incluyendo disputas territoriales, deudas y enfrentamientos entre actores del circuito, según el informe. El uso de armas de fuego estuvo presente en el 74,9% de los casos: los homicidios cometidos mediante disparos aumentaron de 117 a 146.
Diego Sanjurjo, gerente de AECA, reconoció que las estrategias policiales implementadas desde fines del año anterior habían mostrado «resultados positivos» durante varios meses en determinadas zonas, pero que luego se registró un desplazamiento del delito hacia áreas cercanas. «La delincuencia se adapta a las estrategias», afirmó, y señaló que la policía trabaja en ajustar su respuesta «al nuevo escenario».
El perfil de las víctimas refuerza la lectura estructural: 172 fueron hombres, 13 más que en el mismo período del año anterior. El mayor incremento se registró entre personas de 18 a 38 años. El 56,9% de las víctimas tenía antecedentes penales.
El aumento de homicidios contrasta con una tendencia general a la baja en otros delitos. Las denuncias totales cayeron 3,7%, los robos 4%, los hurtos 7,5% y el robo de vehículos 8,3%. La principal excepción, además de los homicidios, fueron las estafas y fraudes informáticos, que crecieron 1,9% hasta alcanzar 14.035 denuncias, y las personas heridas por disparos, que aumentaron 7,4%.
Conviene mirar los incentivos. La violencia letal en Uruguay no es un fenómeno difuso: se concentra geográficamente en el área metropolitana, se alimenta del narcotráfico y golpea con mayor fuerza a hombres jóvenes. Que el resto de los delitos baje mientras los homicidios suben sugiere que el problema no es de capacidad policial general, sino de control territorial frente a organizaciones que operan con lógica de mercado ilegal. El dato importa más que el ruido: sin desarticular los incentivos económicos que sostienen ese mercado —y sin dotar al Estado de herramientas jurídicas y operativas proporcionales a la amenaza—, los ajustes tácticos solo mueven el problema de barrio en barrio. Uruguay tiene instituciones sólidas; la pregunta es si está dispuesto a usarlas con la contundencia que la cifra exige.
