El expresidente Álvaro Uribe acudió el viernes 4 de septiembre a la Fiscalía para rendir indagatoria por su presunta relación —como entonces gobernador de Antioquia— con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del líder social Jesús María Valle.
«Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia», declaró Uribe antes de ingresar. También afirmó: «Me han acusado de violación de Derechos Humanos a pesar de la política de Seguridad Democrática que sirvió a todos los colombianos».
El exmandatario negó vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo: «Me han acusado de narco-paramilitar no obstante nuestros resultados en disminución del narcotráfico y en desmonte del paramilitarismo». Rechazó además haber sobornado testigos y sostuvo que sus actuaciones judiciales han buscado defender su reputación frente a lo que califica como señalamientos de adversarios políticos.
Uribe negó también cualquier vínculo con Pablo Escobar, a quien atribuyó, por el contrario, varios intentos de atentar contra su vida como represalia por el cumplimiento de sus funciones como gobernador.
El expresidente se refirió a las acusaciones que lo vinculan con un supuesto «Petro-Uribismo» y aseguró haber ejercido una oposición «sin declives» y «leal con la Nación» durante el gobierno de Gustavo Petro. Dijo no basar su posición frente a Petro en una lógica de retaliación: «no quiero caer en la rabiosa actitud del diente por diente o del ojo por ojo».
La indagatoria llega días después de que Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, declarara ante la Fiscalía en la misma investigación. Sobre si Uribe ordenó, sugirió o apoyó la operación de El Aro, Mancuso respondió, según trascendió: «No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe». Tampoco pudo confirmar que el entonces gobernador conociera con anticipación la operación, y sobre La Granja dijo: «no lo sé». En declaraciones anteriores, sin embargo, Mancuso había hablado de información y colaboración entre la Gobernación de Antioquia y las autodefensas durante ese periodo.
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, cuando paramilitares de las ACCU y el Bloque Mineros asesinaron a cinco personas en ese corregimiento de Ituango. Entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997, las autodefensas regresaron a la zona y perpetraron la masacre de El Aro: 15 personas asesinadas, 42 viviendas incendiadas, alrededor de 1.200 cabezas de ganado robadas y unos 1.400 habitantes desplazados, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras. Investigaciones posteriores establecieron la participación de varios comandantes paramilitares en los hechos.
Conviene mirar los incentivos que rodean este proceso. Uribe encuadró la indagatoria dentro de una larga cadena de señalamientos —desde los falsos positivos hasta el supuesto vínculo con Escobar— y la vinculó, sin rodeos, con los «señalamientos y movidas» del propio Petro. Que el testimonio más reciente del principal testigo, Mancuso, no comprometa directamente al expresidente en ninguna de las dos masacres es un dato relevante que no debe perderse entre el ruido político.
El dato importa más que el ruido: una justicia que se activa con fuerza justo cuando el adversario político está en la Presidencia invita a preguntas legítimas sobre su independencia, incluso si —como reclama el propio Uribe para sí— las garantías constitucionales deben aplicarse a cualquier ciudadano, gobierne quien gobierne. La historia sugiere cautela ante procesos judiciales que se libran, a la vez, en los tribunales y en la plaza pública.
