La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la aplicación de un examen de control presencial para los aspirantes al ciclo 2026-2027, luego de que su Comité Técnico detectara anomalías durante la primera edición en línea —la primera en la historia de la institución en esa modalidad. El rector Leonardo Lomelí Vanegas aceptó las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, y la decisión fue recibida con aplausos transpartidarios en el Congreso.
Legisladores del PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano coincidieron en respaldar la medida. El coordinador del PRI en el Senado, Rubén Moreira, subrayó que «las decisiones de si se repiten los exámenes, si hay algunos otros mecanismos, son de los universitarios», y llamó a respetar la autonomía universitaria sin interferencia política. Reconoció, al mismo tiempo, el derecho de los padres de familia que busquen amparo para defender los resultados originales.
El diputado del PAN Daniel Chimal García fue más directo: «no había otra posibilidad de resarcir el error que fuera con la repetición del examen». Señaló que muchos jóvenes que habían obtenido puntajes que en otros años habrían sido suficientes quedaron fuera por la trampa de terceros. Su colega panista, la diputada Paulina Rubio, añadió que «México merece profesionistas de altura y no profesionistas de copia», en una referencia crítica a funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación.
Desde Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, calificó la solución de «adecuada» aunque incompleta: «sin resolver el problema de fondo, sí atenúa los efectos que se habían generado». Monreal insistió en que la UNAM debe ampliar su matrícula para admitir a un mayor número de jóvenes, encuadrando la educación superior como un derecho y no un privilegio.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), reconoció al rector Lomelí Vanegas por aceptar las recomendaciones técnicas y se pronunció a favor de destinar más presupuesto en el Paquete Económico 2027 para ampliar la matrícula universitaria. El coordinador priista Manuel Añorve, por su parte, pidió una investigación sobre posibles actos de corrupción o falta de profesionalismo tanto de la empresa proveedora de la plataforma como de funcionarios de la UNAM, y llamó a regresar «a los esquemas tradicionales de exámenes presenciales».
Según reportes previos, los servicios de suplantación en el examen en línea se ofrecían hasta por 26 mil pesos.
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El episodio ilustra un riesgo que los entusiastas de la digitalización acelerada suelen subestimar: la tecnología amplifica tanto el mérito como el fraude, y sin controles presenciales robustos, el segundo desplaza al primero. La UNAM no enfrenta aquí un problema técnico menor; enfrenta una pregunta institucional de fondo sobre cómo garantizar que el acceso a la universidad pública más grande del país se gane con esfuerzo real, no con dinero o con algoritmos rentados.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el debate político se centra en ampliar la matrícula —objetivo legítimo—, el problema más urgente es preservar la credibilidad del filtro de ingreso. Sin ese filtro, la expansión solo diluye el valor del título. El dato importa más que el ruido: miles de jóvenes que prepararon el examen con integridad merecen competir en condiciones iguales. Que la institución haya reaccionado a tiempo es una señal positiva; que haya necesitado un escándalo para hacerlo es la señal que no debe ignorarse.
