Gladys Adaeze Okafor, de 56 años, residente permanente en Massachusetts, fue acusada por el Departamento de Justicia de votar ilegalmente como extranjera tras presuntamente emitir sufragios en las primarias presidenciales de 2024 y en las elecciones legislativas de 2022, pese a no ser ciudadana estadounidense.
Los fiscales federales sostienen que Okafor falsificó repetidamente su estatus de ciudadanía en documentos oficiales y que lo hizo bajo pena de perjurio para acceder a la papeleta. En julio de 2022, presentó una tarjeta de registro de votante y firmó certificando que era ciudadana de Estados Unidos, según las autoridades. La ciudad de Lynn la registró entonces para votar.
En octubre de 2023, presentó otra tarjeta de registro en la que marcó la casilla de ciudadana estadounidense, dijeron los fiscales. Después de ello, votó en las primarias presidenciales de 2024, de acuerdo con los documentos judiciales.
Okafor nació en Nigeria y obtuvo el estatus de residente permanente legal en diciembre de 2022. Sin embargo, no es ciudadana estadounidense y no ha solicitado la ciudadanía, dijeron los fiscales.
La acusación llega en un momento en que las autoridades federales dicen estar intensificando la vigilancia sobre el padrón electoral. Agentes de Homeland Security Investigations ejecutaron en Texas una operación contra el fraude electoral y arrestaron a siete no ciudadanos en el norte de ese estado por voto ilegal, mientras el fiscal federal Ryan Raybould prometió procesar a quienes mientan sobre su ciudadanía para emitir sufragios. El Departamento de Justicia también acusó recientemente a cinco personas en Pensilvania, Nueva Jersey y Wisconsin por casos relacionados con voto ilegal o registro fraudulento durante las elecciones de 2022 o 2024.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado permite que una afirmación falsa abra la puerta al voto, no solo compromete la integridad del proceso: también obliga a gastar más dinero de los contribuyentes en controles, investigaciones y tribunales. La confianza pública en las instituciones electorales depende de una regla simple y exigible: solo vota quien cumple la ley.
El caso también subraya un punto más amplio sobre orden institucional. Si el padrón no distingue con claridad entre ciudadanos y no ciudadanos, el resultado no es burocracia neutral, sino una debilitación de la soberanía cívica. El dato importa más que el ruido: en democracia, la legitimidad empieza por saber quién tiene derecho a participar y bajo qué condiciones.
