El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de matar a sus tres hijos en 2023, entró este martes en una nueva fase de incertidumbre. El jurado comunicó al juez que no logró alcanzar un veredicto unánime, y el magistrado le pidió que siguiera deliberando.
Clancy, de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury, Massachusetts. Tras los hechos, intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.
El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, comenzó a deliberar el jueves pasado tras más de cuatro semanas de juicio. Este martes, en su cuarta jornada de deliberación, informó al juez William Sullivan que no pudo alcanzar una decisión unánime. Los miembros acumularon más de 17 horas de deliberaciones y, el viernes anterior, habían solicitado revisar pruebas del caso, entre ellas el cuchillo que Clancy utilizó en su intento de suicidio y bolsas con envases de medicamentos vacíos.
Sullivan pidió al jurado que regresara a la sala y siguiera intentando llegar a un acuerdo. Les recordó que durante el proceso escucharon a más de 80 testigos y tuvieron ante sí más de 300 pruebas y documentos.
Clancy no niega haber estrangulado a sus tres hijos, pero se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal. Sostiene que sufría una psicosis posparto que le impidió comprender la naturaleza y gravedad de sus actos. Su defensa argumentó durante el juicio que su deteriorada salud mental, agravada por un tratamiento psiquiátrico inadecuado y una medicación excesiva, la llevó a perder contacto con la realidad.
La Fiscalía sostiene, en cambio, que Clancy sabía lo que hacía y que tomó conscientemente la decisión de matar a sus hijos antes de intentar suicidarse. Los fiscales destacaron que la acusada había recibido tratamiento de salud mental y que, por su formación como enfermera de partos, conocía los medicamentos que estaba tomando.
El jurado tiene ante sí tres caminos posibles: declarar a Clancy culpable de asesinato, condenarla por un delito menor como homicidio involuntario, o absolverla por falta de responsabilidad penal. Una condena por asesinato podría acarrear cadena perpetua, mientras que incluso una absolución por enfermedad mental podría derivar en su internamiento en una institución psiquiátrica si se determina que representa un peligro para sí misma o para terceros. Si el jurado no logra la unanimidad, el tribunal podría declarar un juicio nulo y abrir la puerta a un nuevo proceso.
El caso ha concentrado la atención mediática estadounidense por la magnitud de la tragedia y por el debate de fondo que plantea: dónde traza el sistema penal la línea entre responsabilidad criminal y enfermedad mental. La respuesta no es menor para el derecho estadounidense, que exige unanimidad precisamente para blindar al acusado de veredictos apresurados.
Que el jurado lleve cuatro jornadas y más de 300 pruebas revisadas sin lograr consenso no es una falla del sistema, sino su funcionamiento previsto: la carga de probar responsabilidad penal más allá de toda duda razonable recae sobre la Fiscalía, no sobre la defensa. La historia sugiere cautela ante la tentación de anticipar un desenlace; el dato importa más que el ruido mediático que ha rodeado el caso desde 2023.
