El exsenador estatal Troy Jackson, quien reemplazó a Graham Platner como candidato demócrata al Senado por Maine, respaldó legislación para enviar millones de dólares de fondos públicos a la Maine Maritime Academy mientras su hijo, Chace Jackson, figuraba como lobista registrado de esa institución, según documentos estatales de cabildeo.
Los registros muestran que Chace Jackson se inscribió por primera vez como lobista de la academia en diciembre de 2022 y renovó su registro en enero de 2024. Ese mismo mes, su padre, entonces presidente del Senado estatal de Maine, copatrocinó una ley que habría destinado 13.4 millones de dólares a la institución. La medida pasó el Senado estatal pero nunca fue promulgada.
Antes de esa iniciativa, Jackson había impulsado en 2023 una asignación adicional de 2 millones de dólares anuales para la academia, mientras su hijo ya ejercía como cabildero registrado. Esa partida sí entró en vigor. Un año antes, en 2022, y previo a que su hijo se registrara como lobista, Jackson también apoyó un pago único de 6.8 millones de dólares para financiar reparaciones en un edificio de la academia.
La vocera de prensa del Comité Nacional Republicano de Campañas Senatoriales (NRSC), Bernadette Breslin, dijo a Fox News Digital que «Troy Jackson es autor del fracasado status quo de Augusta y ha convertido el cargo público en un asunto familiar de autoenriquecimiento». Añadió que Jackson «siempre priorizará las comisiones personales sobre las necesidades de los trabajadores de Maine».
Un vocero de la campaña de Jackson respondió al Washington Free Beacon, medio que reportó primero los registros de cabildeo, que «Troy Jackson ha luchado por los trabajadores de Maine» y que su único objetivo es «arreglar un sistema roto para que las familias trabajadoras de Maine dejen de verse exprimidas mientras los ricos se enriquecen más».
Jackson llega a la candidatura tras el retiro de Graham Platner, cuya postulación colapsó por publicaciones antiguas resurgidas en redes. El reemplazo se produce en un estado donde los demócratas buscan disputarle el escaño a la senadora republicana Susan Collins.
El caso ilustra un patrón que trasciende a Maine: legisladores que dirigen dinero de los contribuyentes hacia instituciones donde parientes cercanos operan como intermediarios remunerados. No hay, en los documentos disponibles, evidencia de que la ley prohibiera expresamente esa superposición de roles; el problema, más bien, es de incentivos y transparencia. Cuando quien redacta la ley y quien cobra por influir en ella comparten apellido, el control ciudadano sobre el gasto público se debilita, aunque cada partida individual pueda justificarse en el papel.
Conviene mirar los incentivos. La defensa de la campaña de Jackson —invocar a «las familias trabajadoras» frente a «los ricos»— es el mismo lenguaje que suele acompañar el gasto estatal discrecional, precisamente el terreno donde el clientelismo encuentra su coartada retórica. El dato importa más que el ruido: 13.4 millones de dólares en fondos públicos, un hijo cabildero y una cronología que coincide de forma incómoda. La historia sugiere cautela sobre qué tan lejos llega el escrutinio antes de noviembre, cuando los votantes de Maine deberán decidir si ese entramado familiar es una anécdota o un patrón de gobierno.
