El sistema de inmigración legal por méritos laborales en Estados Unidos atraviesa un embudo histórico. Según un nuevo informe de la National Foundation for American Policy (NFAP), un profesional indio con estatus EB-2 —la categoría reservada a trabajadores con maestría— debe esperar aproximadamente 179 años para obtener la residencia permanente.
El cálculo no es una anomalía puntual, sino el resultado de una arquitectura legal que limita a 140.000 las tarjetas verdes emitidas cada año, con un tope de no más del 7% para cualquier país de origen. La lista de espera acumulada ya alcanza 1,2 millones de personas, de acuerdo con la NFAP.
La desproporción golpea con especial dureza a los países más poblados. Un solicitante chino con EB-2 enfrenta una espera de unos 25 años. En cambio, los trabajadores filipinos aguardan apenas unos meses, dado el volumen mucho menor de aplicantes de ese origen frente al cupo asignado.
En la categoría EB-1, reservada a quienes demuestran «capacidad extraordinaria», los tiempos son más moderados pero igualmente elevados: entre cuatro y cinco años para ciudadanos indios y cinco años para chinos.
El reporte sostiene que estos plazos han crecido de forma significativa en el marco de la política migratoria más restrictiva de la administración Trump, y advierte que la demora dificulta que las empresas estadounidenses contraten y retengan talento extranjero calificado, además de imponer una carga prolongada sobre las familias de los solicitantes.
«Muchos estadounidenses no comprenden lo difícil que puede ser inmigrar legalmente a Estados Unidos, incluso para las personas más calificadas e innovadoras del país», declaró Stuart Anderson, director ejecutivo de la NFAP, al San Francisco Chronicle. «Son personas que quieren convertirse en estadounidenses y están dispuestas a esperar años por esa oportunidad».
Quienes sostienen visas temporales H-1B —usadas mayormente en el sector tecnológico— quedan atrapados en lo que se conoce como «limbo H-1B»: deben permanecer en la misma especialidad mientras su empleador patrocina la solicitud de residencia. Si son despedidos, tienen solo 60 días para conseguir otro empleo o abandonar el país.
A esa presión se suma una medida reciente de la administración Trump: la intención de imponer una tarifa administrativa de 103.000 dólares para las solicitudes de visa H-1B, lo que reduce aún más el número de titulares que las empresas pueden mantener en el país.
No todos coinciden en que el sistema deba flexibilizarse. Kevin Lynn, director del Institute for Sound Policy y crítico del esquema H-1B, argumenta que el programa permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros y pagarles menos que a sus contrapartes locales, en detrimento de los buscadores de empleo nacionales. «Estos programas de visas de empleo que han generado este atasco han perjudicado la innovación y la inventiva estadounidenses. […] Si no quieres estar en ese atasco, no vengas a Estados Unidos, no participes. Es una decisión que cada persona toma», sostuvo.
El contraste entre ambas posturas resume el dilema de fondo. Un sistema de cupos fijos por país, diseñado hace décadas para otro tipo de flujos migratorios, hoy castiga con la misma vara a economías con poblaciones muy dispares, generando distorsiones que ningún mercado laboral eficiente toleraría en otro ámbito.
Conviene mirar los incentivos: cuando la vía legal se vuelve virtualmente inalcanzable para el talento más calificado —justo el perfil que en teoría todo país quiere atraer—, el resultado no es menos inmigración, sino inmigración distribuida de forma menos ordenada. El costo de esa rigidez, medido en fuga de talento y en empresas que buscan alternativas fuera de Estados Unidos, recae sobre la propia competitividad estadounidense que la política dice proteger.
