La Unión Europea reiteró este viernes 24 de julio su «firme condena» a la «represión sistémica» ejercida por las autoridades de Nicaragua y reclamó la celebración de elecciones «transparentes, inclusivas y creíbles», conforme a las normas internacionales.
El comunicado, difundido por la Alta Representante en nombre de la UE a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, exigió además la apertura de un diálogo entre el régimen y la oposición para «acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política».
El bloque renovó su llamamiento a «la liberación de todos los presos políticos, al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos». El texto concluye con un mensaje de apertura diplomática: la UE se declaró dispuesta al diálogo con Managua «a través de los canales adecuados».
El pronunciamiento llega días después de que el copresidente Daniel Ortega, exguerrillero de 80 años que gobierna el país desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, anunciara su intención de eliminar los comicios. Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». La propuesta implicaría declarar «inaplicable» el artículo constitucional que impedía la reelección indefinida o eliminar directamente la competencia electoral.
La oposición nicaragüense, en tanto, ya ha pedido ayuda internacional para impedir que Ortega concrete la prohibición de las elecciones.
Conviene mirar los incentivos. La declaración de Bruselas es políticamente impecable en sus términos, pero su eficacia depende de instrumentos concretos: sanciones aplicadas, presión comercial sostenida y coordinación con Washington. Sin esos mecanismos, un comunicado —por bien redactado que esté— difícilmente altera el cálculo de un régimen que lleva casi dos décadas consolidando su control sobre las instituciones, los medios y la sociedad civil.
El dato importa más que el ruido. Lo que Ortega propone no es una reforma electoral ni una revisión constitucional técnica: es la supresión formal del mecanismo por el que cualquier ciudadano podría removerlo del poder. Que esa propuesta se enuncie en público, en un acto oficial y sin aparente costo diplomático inmediato, dice más sobre el estado del orden internacional en América Central que sobre las intenciones de un solo gobernante. La respuesta de la comunidad democrática —incluida la UE— se medirá en acciones verificables, no en comunicados.
