El Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció una sentencia in absentia de 14 años de prisión en régimen estricto contra Gilberto Ramos Arreguín, ciudadano mexicano nacido en 1997. El proceso se celebró sin la presencia del acusado y a puerta cerrada; la propia resolución indicó que el fallo aún no había entrado en vigor al momento de su difusión.
Además de la pena privativa de libertad, la resolución ordenó confiscar 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks, cantidad presentada por las autoridades separatistas como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos. La tipificación aplicada correspondió a la parte 3 del artículo 359 del Código Penal ruso, que recoge el delito de mercenarismo.
Según el expediente separatista, Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad descrita por las propias autoridades de Donetsk como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y calificada simultáneamente como organización «terrorista» prohibida en Rusia. El fallo afirmó que el mexicano recibió entrenamiento militar, armas y una compensación económica por participar en los combates, elementos con los que se buscó sostener la acusación de mercenarismo.
La Embajada de Ucrania en México respondió con un comunicado que rechazó de raíz la validez jurídica del fallo. Según la representación diplomática, la llamada República Popular de Donetsk es una estructura creada, financiada y utilizada por la Federación de Rusia para sostener su guerra de agresión. Bajo el derecho internacional, señaló, esos pseudoestados carecen de soberanía y sus supuestos órganos judiciales no tienen competencias efectivas; ninguna de sus decisiones posee efecto legal vinculante.
La embajada sostuvo que Ucrania es un Estado soberano, independiente y miembro fundador de la ONU, sometido a una agresión armada generalizada e injustificada por parte de Rusia. Bajo esa interpretación, los voluntarios extranjeros integrados formalmente a las Fuerzas Armadas ucranianas actúan como defensores legítimos de la soberanía del país y cuentan con respaldo y protección total del Estado ucraniano.
La representación diplomática calificó de «cínico» el intento del Kremlin de llamar «mercenarios» a esos militares, y contrapuso esa acusación con el señalamiento de que Rusia ha utilizado a decenas de miles de combatientes extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central. Agregó que quienes participaron en la agresión rusa y cometieron crímenes en territorio ucraniano serán juzgados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tendrán carácter vinculante y fuerza ejecutoria.
El comunicado también incluyó un mensaje hacia la opinión pública mexicana: la embajada expresó preocupación por la reproducción de esa información y consideró que ese tipo de contenidos busca erosionar las relaciones de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.
Conviene mirar los incentivos. Moscú y las entidades que administra en territorio ocupado tienen un interés evidente en proyectar legitimidad judicial hacia el exterior: cada sentencia difundida es, ante todo, un instrumento de guerra informativa. El dato importa más que el ruido: un fallo dictado en ausencia, a puerta cerrada, por un tribunal cuya propia existencia no reconoce el derecho internacional, no es jurisprudencia; es propaganda con formato de resolución. La historia sugiere cautela ante el uso del aparato legal como arma política, práctica que no es exclusiva de potencias autoritarias pero que en este caso alcanza una expresión particularmente descarnada. Para los ciudadanos de países terceros que evalúen su situación, la distinción entre un tribunal legítimo y uno instrumentalizado no es un tecnicismo: es la diferencia entre la justicia y la coerción.
