Sudáfrica se sumó este viernes a una veintena de países que condenan y rechazan la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén.
Un comunicado conjunto, firmado por el Ministerio de Exteriores de Sudáfrica, sostuvo que la medida vulnera «las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU» y obstaculiza la paz basada en la solución de dos Estados. También afirmó que cualquier medida destinada a alterar el estatus legal o histórico de la Jerusalén ocupada, o a reconocerla como capital de Israel, «es nula y carece de efecto legal».
Las carteras de Exteriores de Egipto, Palestina, Turquía, Yibuti, Líbano, Libia, Yemen, Catar, Jordania, Somalia, Malasia, Indonesia, Arabia Saudí, Kuwait, Argelia, Omán, Siria, Sudán y Pakistán ya habían expresado su rechazo. Sudáfrica se añadió a esa lista en una posición que se presenta como coherente con las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU.
Esas resoluciones, vigentes desde 1980 según el comunicado, rechazan los intentos de modificar el carácter o el estatus de la ciudad y piden a los Estados retirar sus misiones diplomáticas de allí. Los ministros también instaron al Gobierno de Colombia a «reconsiderar y revertir esta decisión» y a abstenerse de medidas que perjudiquen los derechos legítimos del pueblo palestino.
La reacción llega después de que el ministro de Exteriores colombiano, Omar Bulla, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraran la nueva embajada de Colombia en Jerusalén Este. La decisión fue anunciada por el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, tras restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que habían sido rotas por Gustavo Petro en 2024 en protesta por la guerra israelí en Gaza.
Con esta apertura, Colombia se convirtió en el décimo país en establecer su embajada en Jerusalén. El dato importa más que el ruido: la movida refuerza una apuesta diplomática de alto costo político, expone a Bogotá a una condena amplia y coloca al Gobierno colombiano en el centro de una disputa sobre soberanía, legalidad y orden internacional.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un Ejecutivo altera una decisión tan sensible, no solo redefine su política exterior; también asume el precio de desafiar un consenso multilateral que, al menos en el papel, sigue siendo el marco de referencia para la mayoría de las capitales. La pregunta ya no es si habrá reacción, sino cuánto capital diplomático está dispuesto a gastar Colombia para sostenerla.
