El campo de batalla ucraniano se ha convertido, según reporta el Financial Times, en una academia involuntaria para combatientes colombianos vinculados al narcotráfico y grupos rebeldes. La transferencia de conocimientos es concreta: ex paramilitares, ex guerrilleros y ex soldados colombianos aprenden juntos el manejo de drones de ataque y regresan con esas habilidades a un conflicto doméstico que ya acumula 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia.
El fenómeno no es especulativo. Taras Palianytsia, funcionario ucraniano del Centro de Reclutamiento Extranjero, reconoció que algunos voluntarios colombianos fueron «enviados a casa» tras descubrirse sus vínculos con el crimen organizado en Colombia. Un piloto colombiano de drones activo en Ucrania, citado por la misma fuente, advirtió que «los reclutadores de los cárteles buscan formación sobre cómo manipular y operar drones de ataque cuya agilidad los hace más difíciles de derribar».
Lo que está en juego es la superioridad aérea que el Estado colombiano mantuvo durante décadas sobre guerrillas y estructuras narco. La proliferación de drones comerciales adaptados para lanzar explosivos ha erosionado esa ventaja. Los grupos ilegales ya emplean drones FPV en Colombia, aunque, según el mismo piloto, aún no dominan el cifrado de comunicaciones ni la configuración avanzada de cargas explosivas tal como se practica en Ucrania. Esa brecha se está cerrando.
Las autoridades colombianas han detectado además que los grupos ilegales buscan drones equipados con cables de fibra óptica ultrafinos —técnica documentada en los conflictos de Ucrania y Oriente Medio— para eludir los sistemas de interferencia de frecuencias. Pedro Sánchez, ministro de Defensa saliente, lo resumió sin eufemismos: «La industria de los drones se ha disparado y los delincuentes han adaptado la tecnología para los ataques, lo que supone un gran desafío para la supremacía aérea en el campo de batalla».
El gobierno afirma haber neutralizado el 96% de los intentos de ataques con drones el año pasado, principalmente bloqueando frecuencias o destruyendo los aparatos. Para sostener esa tasa, ha anunciado un programa de escudo anti-drones valorado en 1.600 millones de dólares, que incluye equipos de interferencia y sensores de detección fijos y móviles, además de restricciones endurecidas a la importación de drones. Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, advierte que la pérdida del monopolio aéreo por parte del ejército colombiano «representa una amenaza».
El dato importa más que el ruido. Colombia no enfrenta solo un problema de tecnología sino de circulación internacional de conocimiento militar. Mientras el conflicto ucraniano siga siendo el laboratorio de innovación bélica más intenso del mundo, cualquier actor con dinero suficiente —y los cárteles lo tienen— puede pagar el precio de entrada a ese aprendizaje.
Conviene mirar los incentivos. El Estado colombiano destina recursos masivos a defensas reactivas mientras el problema de fondo —la capacidad de los grupos ilegales para financiar formación en teatros de guerra externos— permanece sin respuesta estructural. La libre empresa y el orden institucional no prosperan donde el espacio aéreo es disputado por actores que no rinden cuentas a nadie. El nuevo gobierno que asume en Cali hereda un conflicto tecnológicamente más sofisticado que el que dejó la administración saliente.
