La ola de investigaciones judiciales contra municipios del Partido Republicano del Pueblo (CHP) llegó este sábado a la capital turca con la detención del alcalde de Çankaya, Hüseyin Can Güner. La Fiscalía General de Ankara emitió órdenes de detención contra 36 personas por presuntos delitos de creación y pertenencia a una organización criminal, aceptación y ofrecimiento de sobornos y manipulación de licitaciones públicas. Hasta el momento, 27 personas fueron arrestadas y las autoridades realizaron registros e incautaron material como parte de la investigación.
Çankaya es el distrito más poblado de Ankara, con cerca de un millón de habitantes, y constituye un bastión histórico del CHP. Es el primer distrito de la capital bajo control opositor en verse afectado por estas investigaciones, que se iniciaron tras las elecciones locales del 31 de marzo de 2024. En esos comicios, el CHP se convirtió en la fuerza más votada en décadas y arrebató al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) del presidente Recep Tayyip Erdogan el control de las principales ciudades del país.
Güner rechazó las acusaciones en redes sociales y aseguró que su administración ha actuado «de la mejor manera posible» sin traicionar la confianza ciudadana. El CHP, por su parte, convocó a militantes y vecinos a concentrarse ante el ayuntamiento de Çankaya para protestar contra lo que calificó de «operación ilegal».
El alcance de la ofensiva judicial es considerable. Según la fuente, cinco alcaldes metropolitanos permanecen en prisión preventiva, entre ellos Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul; otros 23 alcaldes de distrito también están detenidos. Además, siete alcaldes metropolitanos —entre ellos el propio Imamoglu— y 26 alcaldes de distrito han sido suspendidos de sus funciones. Las acciones contra municipios del CHP acumulan ya cientos de detenidos desde que comenzaron las investigaciones.
El CHP sostiene que estas operaciones buscan debilitar a la oposición e impedir que Imamoglu, uno de los políticos más populares del país, compita contra Erdogan en las presidenciales previstas para 2028. La formación denuncia un caso de lawfare, es decir, el uso de la justicia con fines políticos. Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa han cuestionado en los últimos días la independencia del poder judicial turco, según recoge la fuente.
Conviene mirar los incentivos. El calendario electoral explica buena parte de la geometría de estas detenciones: el CHP ganó terreno institucional precisamente donde más duele al AKP, y la respuesta ha sido trasladar el campo de batalla a los tribunales. Que la ofensiva se concentre en alcaldes electos —no en funcionarios anónimos— revela la naturaleza política del operativo, por más que las acusaciones formales invoquen la corrupción.
El dato importa más que el ruido. Turquía no es una democracia consolidada, pero tampoco una dictadura sin fisuras: el CHP ganó en las urnas y mantiene una base social movilizada, como demuestra la convocatoria frente al ayuntamiento de Çankaya. El verdadero costo de esta estrategia lo pagará la institucionalidad turca a largo plazo: cuando el aparato judicial se convierte en instrumento de gobierno, la confianza en las reglas del juego se erosiona para todos, incluidos quienes hoy lo operan.
