Donald Trump aseguró este lunes que existe una «conspiración enfermiza» contra la inteligencia artificial que, según él, beneficia a China. En un mensaje en redes sociales, sostuvo que Washington va por delante de Pekín y del resto en esa carrera y que el ganador en IA marcará la ventaja decisiva.
Trump rechazó imponer límites a esta tecnología. Dijo que el único control o salvaguardia que necesita la IA es un «presidente fuerte e inteligente», con un «coeficiente intelectual alto», algo que aseguró que Estados Unidos tiene «y de sobra». También advirtió: «Teóricos de la conspiración, traidores y filtradores, tened cuidado».
El mensaje del mandatario llegó en medio del revuelo generado por la llamada del cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien pidió bajar el ritmo de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA. Amodei señaló en una carta abierta que la tecnología puede transformar positivamente la sociedad, pero también entraña riesgos catastróficos.
Trump afirmó además que su Administración ha impedido que la «gente de la IA hagan cosas malas, o potencialmente malas». En ese punto cargó contra Amodei, de quien dijo que «finge ser un angelito perfecto». También aseguró: «Ya tenemos un enorme poder penal y regulador sobre estas empresas».
Lo importante aquí no es solo el choque retórico. Conviene mirar los incentivos. Trump está defendiendo un modelo en el que el poder político se reserva la última palabra sobre una tecnología con valor estratégico, pero sin aceptar los límites que reclaman voces de la propia industria. El resultado es una tensión clásica entre innovación y control estatal.
El dato importa más que el ruido. Si Estados Unidos quiere mantener la ventaja que Trump proclama, necesitará un marco que proteja la libre empresa sin ahogar la inversión ni convertir la IA en una extensión de la burocracia. Una política de exceso regulatorio podría terminar premiando justo al rival que el presidente dice querer contener: China.
La historia sugiere cautela. Cuando una tecnología de alto impacto se convierte en campo de batalla político, el riesgo es que el debate se desvíe hacia consignas y se pierda de vista lo esencial: quién fija las reglas, con qué límites y a favor de qué interés nacional. En esa discusión, el poder de mercado y la seguridad tecnológica pesan tanto como la retórica presidencial.
