Estados Unidos lanzó una segunda oleada de ataques contra Irán, y el presidente Donald Trump no descartó ir más lejos: cuando le preguntaron si consideraría desmantelar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de la misma forma en que fue derrotado el Estado Islámico, respondió: «Sí, lo contempla. Ya veremos qué pasa».
Las declaraciones las realizó Trump en una entrevista con Fox Business desde Carlisle, Pensilvania. El tono fue deliberadamente ambiguo, una señal que Washington ha aprendido a usar como instrumento de presión: la incertidumbre sobre el alcance real de la respuesta militar puede pesar tanto como la respuesta misma.
Al mismo tiempo, Trump reveló que funcionarios iraníes se habían comunicado ese mismo día para solicitar una nueva ronda de conversaciones de paz. «Siempre quieren reunirse», dijo el presidente. «Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo. Puedo decirles que quieren hacer un trato.»
La simultaneidad de los hechos —bombardeos y señales diplomáticas— dibuja el patrón que ha caracterizado la política exterior de la administración Trump hacia Irán: máxima presión militar y económica como palanca para extraer concesiones en la mesa de negociación. No es un enfoque novedoso, pero la segunda oleada de ataques eleva considerablemente las apuestas.
El CGRI no es un actor periférico. Es el brazo armado e ideológico del régimen de los ayatolás, responsable de financiar y armar a grupos como Hezbolá, Hamas y las milicias iraquíes. Su eventual desarticulación representaría un cambio estructural en el equilibrio de poder regional, con consecuencias que se extenderían desde el Líbano hasta Yemen.
Conviene mirar los incentivos. Teherán sabe que una negociación bajo fuego le otorga menos margen que una negociación desde la fortaleza. Pedir conversaciones mientras los misiles caen no es señal de debilidad táctica necesariamente —puede ser un intento de congelar el conflicto antes de que escale más—, pero sí revela que el régimen evalúa el costo de la confrontación directa con Washington como inaceptable en este momento.
Para la administración Trump, la ecuación tiene su propia lógica: cada ronda de presión que produce una solicitud iraní de diálogo refuerza la narrativa de que la diplomacia desde la fuerza funciona donde la diplomacia desde la concesión fracasó. Los acuerdos de Abraham, la muerte de Qasem Soleimani en 2020 y ahora esta escalada forman, en esa lectura, una línea coherente.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo el programa nuclear iraní —que ha sido el eje declarado de la tensión durante dos décadas— sino la arquitectura de seguridad de Oriente Medio en su conjunto. Si Washington decide que el CGRI debe correr la misma suerte que el califato del ISIS, el orden regional quedaría redibujado de manera irreversible. Si la presión termina en un acuerdo negociado, la pregunta será qué verificaciones reales incluye y qué precio paga el contribuyente estadounidense en términos de compromisos futuros.
Cualquiera de los dos desenlaces exige claridad sobre los objetivos. Por ahora, Trump ha dejado la puerta abierta en ambas direcciones, lo que puede ser genialidad táctica o ambigüedad costosa. La historia sugiere cautela ante los regímenes que negocian mientras recargan.
