El presidente Donald Trump ordenó una escalada significativa de operaciones militares contra Irán para el fin de semana pasado y la canceló en la noche del sábado, según informes citados por el columnista Hugh Hewitt en Fox News. Según esa misma fuente, algunos aliados de Washington estaban preparados para participar en la operación, mientras que otros habían instado a una demora.
No es la primera vez. De acuerdo con la misma columna, esta es la segunda ocasión en que Trump interrumpe una vuelta a «operaciones de combate mayores» que, de sostenerse, habrían durado las semanas necesarias para intentar quebrar al régimen residual iraní controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El texto subraya que el poder real en Teherán no reside en los funcionarios civiles, sino en esa estructura militar.
El objetivo declarado por Trump en una reunión del gabinete en Camp David la semana pasada es preciso: «Solo queremos ganar», según la cita recogida en la fuente. Ese fin de juego, según la misma columna, implica dos condiciones verificables: la reapertura efectiva del Estrecho de Ormuz y el abandono comprobable del programa nuclear iraní, al que el régimen lleva décadas dedicado.
El problema de la verificación es central. Trump ha señalado en múltiples ocasiones, según el mismo texto, que los negociadores del IRGC pasan horas discutiendo el programa nuclear en reuniones cerradas y luego salen a los micrófonos a declarar que el tema no fue abordado. La brecha entre lo que se negocia en privado y lo que se anuncia en público es, en esa lectura, un rasgo estructural de la diplomacia iraní, no una anomalía.
La pausa en las operaciones coincide con declaraciones del propio Trump en el sentido de que «nada pasa a través de Irán» sin aprobación estadounidense, y con una señal de apertura hacia un acuerdo diplomático para reabrir el Estrecho de Ormuz. El equilibrio entre presión militar y ventana negociadora define la tensión central de la coyuntura.
Conviene mirar los incentivos. Cada vez que Washington detiene una ofensiva en curso, el IRGC gana tiempo para reorganizarse, dispersar activos y relanzar su narrativa de resistencia ante audiencias internas y regionales. La historia de las negociaciones nucleares iraníes —desde el JCPOA de 2015 hasta los sucesivos impasses— sugiere cautela ante cualquier promesa de verificación que no venga acompañada de mecanismos de inspección inmediata e irrestricta.
El dato importa más que el ruido. Trump tiene objetivos concretos y públicos; el IRGC tiene incentivos estructurales para dilatar. Entre ambas lógicas, la segunda pausa militar no es necesariamente un error de cálculo, pero sí eleva el costo de cualquier acuerdo que no incluya garantías duras: sin esas garantías, el contribuyente estadounidense —y el orden internacional que Washington sostiene— habrán pagado el precio de una campaña que no cerró la cuenta.
