Donald Trump anunció este martes la cancelación de la propuesta de imponer un recargo del 20 por ciento a los cargamentos que transiten por el estrecho de Ormuz, una medida que había presentado apenas el día anterior y que recibió críticas amplias por considerarse poco práctica.
En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente explicó que, «tras conversaciones muy productivas con líderes de Medio Oriente», ha decidido «sustituir la tasa de reembolso del 20 por ciento de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos».
La rectificación no implica apertura hacia Irán. Trump precisó que «el estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán», y anunció que se impondrá «un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní». Al liderazgo de Teherán lo calificó de «mentiroso, violento y malicioso».
El contexto inmediato es de escalada activa. Estados Unidos e Irán llevan intercambiando ataques en el golfo Pérsico desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio, que buscaba terminar la guerra y desbloquear el estrecho. El Ejército iraní respondió este martes asegurando que sus fuerzas armadas no cederán «ni un ápice» sobre Ormuz, después de que Trump se proclamara «guardián» de ese paso marítimo.
Desde Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó alarma ante las informaciones sobre el bloqueo. Señaló que por Ormuz «pasan mercancías esenciales para las poblaciones, incluidos alimentos y medicinas», y advirtió que «las interrupciones en el flujo de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales tienen graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias, tanto a escala regional como mundial».
El giro de Washington en menos de 24 horas ilustra la velocidad con que se mueve la diplomacia de Trump: la amenaza arancelaria como palanca de negociación, seguida de su rápida conversión en compromisos de inversión privada en suelo estadounidense. El mecanismo es coherente con la lógica transaccional que ha caracterizado la política exterior de esta administración: en lugar de un impuesto universal que habría encarecido el comercio global de crudo y generado fricciones con aliados del Golfo, Washington obtiene flujos de capital comprometidos hacia su economía.
Conviene mirar los incentivos. Para los Estados del Golfo, el acuerdo evita un recargo que habría golpeado sus propias exportaciones de hidrocarburos; para Washington, sustituye un ingreso fiscal incierto por inversión directa más difícil de revertir políticamente. El bloqueo focalizado en Irán, en cambio, endurece la presión sobre Teherán sin afectar a socios comerciales. El dato importa más que el ruido: la arquitectura de incentivos que emerge favorece la inversión privada sobre la recaudación estatal, lo que es, en sí mismo, una señal de la dirección que la administración Trump prefiere para gestionar la crisis.
