El presidente Donald Trump amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea después de que la Comisión Europea anunciara dos multas contra Google por un total de 890 millones de euros. La sanción responde a que el Ejecutivo comunitario considera que la compañía infringió la Ley de Mercados Digitales al favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y al impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.
«La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente», escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario anunció además que su Gobierno abrirá una investigación al amparo de la Sección 301 sobre «la práctica de 'robar' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense» que, según el republicano, lleva a cabo Bruselas.
Una investigación bajo la Sección 301 es el procedimiento mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense. El mecanismo puede desembocar en la imposición de aranceles u otras medidas restrictivas. Trump fue explícito: «Las sanciones serán revocadas por completo y, previsiblemente, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible».
Además de la sanción económica, la Comisión Europea le dio a Google un plazo de 60 días para poner fin a las prácticas consideradas infractoras. Trump recordó que la UE ha «vuelto a las andadas» tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google, un historial que la Administración estadounidense interpreta como un patrón sistemático de discriminación regulatoria contra sus empresas tecnológicas.
La tensión no es nueva. Washington ha criticado de manera reiterada las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas, argumentando que constituyen prácticas comerciales desleales y que atentan contra la libertad de expresión en las redes sociales. La apertura de una investigación formal bajo la Sección 301 eleva, sin embargo, la disputa a un plano con consecuencias comerciales concretas y medibles.
Conviene mirar los incentivos. Bruselas construyó la Ley de Mercados Digitales con el argumento de nivelar la competencia, pero el efecto práctico recae de manera desproporcionada sobre empresas con sede en Estados Unidos. Para una administración que ha hecho de la defensa del capital privado estadounidense una prioridad de política exterior, tolerar ese patrón sin respuesta equivaldría a validarlo. El dato importa más que el ruido: 890 millones de euros en dos multas, más el historial acumulado con Apple, Meta y Amazon, configuran un expediente que Washington difícilmente dejará pasar sin coste para el otro lado del Atlántico. La historia sugiere cautela: las guerras arancelarias tienen ganadores difusos y perdedores inmediatos, y los consumidores de ambas orillas suelen estar entre los segundos.
