El presidente Donald Trump se dirigió este jueves a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca con lo que su portavoz, Karoline Leavitt, describió como un discurso sobre «la protección de la integridad de nuestras elecciones». La transmisión fue seguida por las principales cadenas de televisión del país.
Trump afirmó que documentos de la CIA prueban que China intentó interferir en las elecciones legislativas de 2018 y en las presidenciales de 2020, y que en 2019 trabajó para «socavar la confianza interna» en Estados Unidos. Según el mandatario, los esfuerzos de Beijing incluyeron «fabricar votos falsos a favor de Joe Biden» y la obtención de datos sensibles de votantes en al menos 18 estados, información que, dijo, fue «comprada, robada o extraída ilícitamente».
El presidente también señaló a Rusia y Corea del Norte como actores con capacidad de «comprometer la infraestructura electoral» del país, y acusó que un segundo grupo de documentos demuestra que el «Estado profundo» trabajó para suprimir la magnitud de esa interferencia. Denunció además el hallazgo de bolsas destinadas a destruir documentos que, según Trump, entregó el expresidente Barack Obama.
En cuanto a cifras concretas, Trump aseguró que al menos 278 mil personas que no son ciudadanos están inscritas para votar en elecciones federales. Pidió al FBI investigar y procesar a «los responsables de haber incurrido en cualquier delito».
En materia legislativa, el mandatario instó a los ciudadanos a presionar a sus legisladores para aprobar la llamada SAVE Act, que requeriría que los votantes presenten identificación con fotografía para acreditar su ciudadanía. Calificó el voto por correo de «corrupto» y reclamó su corrección.
Trump también aprovechó el discurso para elogiar la situación económica bajo su administración —señaló que los precios de medicamentos están bajando entre 70% y 80%— y afirmó que la frontera es hoy «la más segura desde 1900».
Lo que está en juego
El dato importa más que el ruido. Si las acusaciones sobre interferencia china en los comicios de 2018 y 2020 cuentan con respaldo documental verificable —como Trump sostiene— representan una falla de seguridad de primera magnitud que los gobiernos anteriores habrían tenido la obligación de revelar al Congreso y al público. La pregunta que corresponde hacerse no es si conviene políticamente plantear el tema, sino por qué esa información habría permanecido oculta durante años.
Conviene mirar los incentivos. La SAVE Act —identificación obligatoria para votar— es una medida de sentido común en cualquier democracia que tome en serio la integridad del sufragio; su ausencia en el sistema federal estadounidense ha sido una anomalía difícil de justificar. Si la presión de Trump logra que el Congreso la apruebe, el resultado concreto será un padrón más confiable, independientemente del calendario político que motivó el anuncio.
