El presidente Donald Trump amenazó este viernes con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea después de que la Comisión Europea anunciara dos multas contra Google por un total de 890 millones de euros. La sanción, fundamentada en la Ley de Mercados Digitales del bloque, acusa a la compañía de favorecer sus propios servicios en el motor de búsqueda y de impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informen gratuitamente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play.
«La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y altamente antiética, sobre la que les he advertido repetidamente», escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario anunció además que su gobierno abrirá una investigación al amparo de la Sección 301, el mecanismo legal mediante el cual la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos evalúa si otro país aplica prácticas discriminatorias o desleales que perjudican al comercio estadounidense y que puede desembocar en aranceles u otras medidas restrictivas.
«Las sanciones serán revocadas por completo y, previsiblemente, se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible», agregó el presidente. Trump encuadró la acción europea como un «robo» a las empresas estadounidenses y, por extensión, al contribuyente de ese país.
El Ejecutivo comunitario, además de la multa económica, otorgó a Google un plazo de 60 días para poner fin a las prácticas consideradas infractoras. La Administración Trump ha criticado de manera reiterada las regulaciones europeas que limitan la actividad de las grandes tecnológicas, argumentando que constituyen prácticas comerciales desleales y que atentan contra la libertad de expresión en redes sociales.
El episodio no es aislado. Trump señaló que la UE «ha vuelto a las andadas» tras haber impuesto anteriormente multas a Apple, Meta, Amazon y a la propia Google. El patrón regulatorio de Bruselas, sostenido en la Ley de Mercados Digitales, ha convertido a las grandes tecnológicas estadounidenses en el blanco recurrente de un aparato burocrático que extrae recursos de empresas radicadas fuera de su territorio.
Conviene mirar los incentivos. Para Bruselas, las multas a gigantes tecnológicos son políticamente costosas de defender ante Washington pero rentables en términos de recaudación y narrativa soberanista digital. Para Washington, cada sanción europea ofrece un argumento concreto —y cuantificable en euros— para justificar represalias arancelarias ante su propio electorado. El resultado es una espiral en la que el libre comercio transatlántico paga los platos rotos de una disputa regulatoria que, en el fondo, refleja visiones opuestas sobre quién debe fijar las reglas del mercado digital global.
El dato importa más que el ruido: 890 millones de euros en multas a una sola empresa en una sola jornada no es una corrección de mercado, es una señal de política industrial. Mientras Bruselas afina su legislación para disciplinar a competidores extranjeros, Washington responde con la única herramienta que históricamente ha movido negociaciones: el arancel. La historia sugiere cautela sobre el desenlace, pero también sobre el costo que este pulso impone a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico.
