Un panel del Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos mantuvo el bloqueo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba centralizar el control electoral y establecer una lista federal de votantes. La decisión impide que la administración federal aplique la medida en 23 estados y el Distrito de Columbia, jurisdicciones que presentaron una demanda antes de los comicios de medio término que se llevarán a cabo en noviembre.
El tribunal rechazó el pedido de la administración para avanzar con las restricciones al voto por correo en esas jurisdicciones. Con el bloqueo vigente, el gobierno federal no podrá limitar la entrega de boletas únicamente a las personas inscritas en el registro de ciudadanía propuesto. El control de las inscripciones electorales seguirá a cargo de cada estado.
La orden ejecutiva se apoyaba en listas creadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Administración del Seguro Social (SSA). Trump la impulsó tras reiteradas declaraciones en las que enfatizó una supuesta tendencia al fraude electoral. Diversos análisis, incluido un informe de Reuters publicado en 2024 que cita varios estudios, concluyeron que la incidencia del voto de no ciudadanos en los resultados electorales es casi nula.
Ante el fallo adverso, el Departamento de Justicia informó que lleva a cabo una revisión de todas sus opciones legales y expresó confianza en que la orden ejecutiva será finalmente validada en instancias superiores.
Conviene mirar los incentivos. La disputa no es solo procesal: es una pelea de fondo sobre quién administra las reglas del juego electoral en un año de comicios de medio término. La administración Trump argumenta que la integridad del padrón es una competencia legítima del gobierno federal; los estados demandantes sostienen que esa competencia les pertenece por diseño constitucional.
El dato importa más que el ruido. Mientras el litigio avanza hacia instancias superiores, la incertidumbre regulatoria recae sobre los funcionarios estatales que deben organizar las elecciones de noviembre con reglas todavía en disputa. La historia sugiere cautela: los tribunales federales han sido, en ciclos anteriores, tanto escudo como palanca en controversias electorales. Lo que está en juego no es únicamente esta orden ejecutiva, sino el perímetro de autoridad que el gobierno federal puede reclamar sobre un proceso que la arquitectura institucional estadounidense diseñó, deliberadamente, como descentralizado.
