El Primer Circuito de Apelaciones entregó el miércoles dos victorias consecutivas al presidente Donald Trump en materia migratoria, al revertir sendas órdenes de jueces de distrito que habían bloqueado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Etiopía y Sudán del Sur.
El panel de tres jueces que emitió los fallos estaba compuesto por Julie Rikelman y Seth Aframe, ambos nombrados por el presidente Joe Biden, y Joshua Dunlap, designado por Trump. La mayoría —de origen demócrata— concluyó que las órdenes de los jueces de distrito Brian Murphy y Patti Saris contradecían el fallo del Tribunal Supremo en Mullin v. Doe.
Ese precedente estableció que «la disposición de revisión judicial del estatuto TPS aplica a todas las reclamaciones no constitucionales» que impugnen la determinación del secretario de Seguridad Nacional sobre la terminación de una designación TPS. En términos prácticos: los tribunales inferiores no pueden frenar esas terminaciones con argumentos que no sean de naturaleza constitucional.
«Estas son victorias claras para el presidente Trump tras su gran triunfo en el Tribunal Supremo», declaró Eric Wessan, procurador general de Iowa, al medio Fox News Digital. «Los tribunales de distrito no deben cuestionar las terminaciones de TPS, y nos acercamos al fin de este litigio porque el Tribunal Supremo fue explícito al respecto», agregó Wessan.
Las órdenes revertidas habían sido emitidas la semana anterior, en días consecutivos, por los jueces Murphy y Saris. Funcionarios de la administración Trump y varios analistas legales calificaron esas decisiones de «díscolas» y argumentaron que desafiaban abiertamente lo resuelto por la Corte Suprema. El consejero legal jefe del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, llegó a señalar que un grupo de jueces de distrito —no el poder judicial en su conjunto— estaban bloqueando deportaciones y revertir el TPS en «abierta desafío» a los fallos del alto tribunal, calificándolo de «activismo político desnudo».
Los fallos del Primer Circuito se inscriben en un patrón más amplio de tensión entre el Ejecutivo y algunos jueces federales de primera instancia sobre el alcance del control judicial en materia migratoria. El Tribunal Supremo ya había intervenido previamente para limitar esa capacidad de bloqueo, y el episodio de esta semana sugiere que esa doctrina empieza a asentarse también en los circuitos intermedios.
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Conviene mirar los incentivos. Que un panel con mayoría de jueces de extracción demócrata haya aplicado el precedente del Tribunal Supremo sin rodeos es, en sí mismo, un dato relevante: indica que el margen para el activismo judicial en materia de TPS se estrecha a medida que la jurisprudencia se consolida. La administración Trump no necesitó aquí una mayoría conservadora; necesitó que la ley fuera lo suficientemente clara para que jueces de distinta afinidad no pudieran ignorarla.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo la suerte de los migrantes de Etiopía y Sudán del Sur, sino el principio de que el Ejecutivo —elegido y responsable ante los votantes— conserva autoridad sobre decisiones de política migratoria que el Congreso le confió expresamente. Cada vez que un juez de distrito intenta sustituir ese criterio con argumentos no constitucionales, erosiona tanto el orden institucional como la confianza ciudadana en que las leyes se aplican de manera uniforme. Este fallo, por ahora, restaura ese equilibrio.
