El sueño de un casino de 700 millones de dólares duró exactamente siete días.
La Scotts Valley Band of Pomo Indians abrió su casino temporal en Vallejo, California, el 25 de julio, instalado en edificios modulares cerca de Columbus Parkway. El 1 de agosto, el Departamento del Interior ordenó suspender las operaciones. El 7 de agosto, la tribu presentó una demanda federal para revertir esa decisión.
El detonante fue un fallo del Departamento del Interior fechado el 30 de julio. El secretario asistente para Asuntos Indígenas, William H. Kirkland III, determinó que la propiedad en Vallejo no califica bajo la excepción federal que permite juegos de azar en «tierras restauradas» tribales. La agencia concluyó que Scotts Valley no había demostrado la «conexión histórica significativa» con el terreno que exige la ley.
La tribu rechaza esa conclusión. En su demanda, revisada por Law360, califica el fallo de «arbitrario, caprichoso, contrario a la ley e insostenible en el expediente administrativo», y argumenta que contradice tanto la Ley de Regulación de Juegos Indígenas como resoluciones judiciales previas.
El proyecto no era una apuesta menor. Los planes contemplaban un casino de ocho pisos, restaurantes, bares, un salón de eventos, estacionamiento, dos docenas de viviendas, oficinas tribales y una reserva biológica de 45 acres, todo en un desarrollo de 160 acres junto a la Interestatal 80. El gobierno federal había dado luz verde al uso del sitio para juegos de azar a comienzos de 2025, pero luego reconsideró si la propiedad cumplía los requisitos de «tierras restauradas». Tras una revisión prolongada, el departamento invirtió su posición a finales de julio.
Ese giro de 180 grados es el núcleo del litigio. La tribu sostiene que la aprobación inicial generó expectativas legítimas y que revertirla sin sustento en el expediente administrativo viola el debido proceso.
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Conviene mirar los incentivos. Un proyecto de 700 millones de dólares, con empleos, infraestructura y una reserva ecológica incorporada, fue detenido no por razones de seguridad ni de impacto ambiental, sino por una disputa sobre la interpretación burocrática de «conexión histórica». El aparato estatal primero aprobó, luego revisó, luego revocó, y dejó a inversores y trabajadores con un casino cerrado antes de completar su primera semana.
El caso ilustra un riesgo sistémico que va más allá de las comunidades tribales: cuando una agencia federal puede retirar una aprobación ya otorgada sin que medien hechos nuevos, la certeza jurídica se convierte en una ilusión. Para cualquier empresa o comunidad que dependa de licencias federales, la lección es incómoda. El dato importa más que el ruido: no hubo fraude, no hubo daño ambiental documentado, no hubo violación de la ley por parte de la tribu. Hubo una reconsideración administrativa que borró de un plumazo meses de planificación y millones en inversión. Los tribunales tendrán ahora la palabra.
