El viernes 7 de agosto, Jorge Llanos Chuquillanqui, cambista con más de diez años de trabajo en el Mercado Central de Lima, fue asesinado en la cuadra seis del jirón Ucayali cuando se disponía a abordar un taxi. Dos hombres armados lo interceptaron, le exigieron el dinero que transportaba en su morral y le dispararon en el abdomen. Llanos falleció aproximadamente una hora y media después en el Hospital Dos de Mayo, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Arriola.
Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. El pánico se extendió de inmediato: transeúntes corrieron o se lanzaron al piso. Uno de los agresores tropezó al intentar subir a la motocicleta, chocó contra un parante y parte del dinero robado se dispersó por la calle. Un fiscalizador municipal, apoyado por serenos y comerciantes, logró interceptar a uno de los sospechosos en el depósito del mercado.
El detenido fue identificado como Reny Alejandro Medina Hernández, de nacionalidad venezolana y 21 años de edad. Según las primeras investigaciones de la PNP, los agresores pertenecían a la organización criminal «Tren de Aragua». La motocicleta utilizada circulaba sin placa por el centro de Lima. El propio Medina Hernández reconoció ante la policía que recibió información previa de una tercera persona sobre los movimientos de Llanos, quien había sido vigilado y marcado con anticipación. El arma incautada habría sido utilizada en al menos otros cinco crímenes, de acuerdo con análisis balísticos presentados por el comandante Arriola.
Llanos era una figura conocida en el Mercado Central y zonas aledañas como Grau y Gamarra. Su labor —cambiar monedas y trasladar dinero en un carrito— lo exponía a riesgos constantes. «A todos los comerciantes cambiaba el joven. Todo el mercado central lo conoce», dijeron quienes compartían la jornada con él. La indignación entre los presentes fue inmediata tras la captura del sospechoso. «Estamos al lado del Congreso. ¿Cómo va a pasar eso? No hay seguridad», expresó uno de los trabajadores de la zona.
El dato importa más que el ruido. Lo ocurrido en el jirón Ucayali no es un episodio aislado: es la expresión más cruda de lo que significa permitir que una red criminal transnacional opere con inteligencia propia —vigilancia, marcaje, coordinación— en el corazón comercial de la capital peruana. El Tren de Aragua no improvisa; selecciona objetivos, recaba información y ejecuta. Que el arma del presunto asesino registre al menos cinco crímenes previos revela no solo impunidad acumulada, sino un aparato estatal que reacciona tarde y mal.
Conviene mirar los incentivos. Mientras el Estado peruano no eleve el costo real de operar para estas organizaciones —con inteligencia criminal sostenida, cooperación regional y penas efectivas—, el vacío de seguridad seguirá siendo un activo para quienes lo explotan. Los comerciantes del Mercado Central, que sostienen con su trabajo cotidiano una economía informal de enorme escala, merecen algo más que cámaras que graban crímenes sin prevenirlos.
