La Fiscalía General española alertó de un aumento del 57,9 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral en 2025. El informe anual presentado esta semana cifra el total de víctimas potenciales en 1.246, frente a 789 en 2024.
De ese universo, 875 fueron identificadas formalmente como víctimas y 371 quedaron en riesgo grave de serlo. La cifra también muestra la amplitud del fenómeno: 442 víctimas de trata sexual, otras 362 en grave riesgo y 384 víctimas de trata laboral, con un alza de 54,84 % respecto del año anterior.
La Fiscalía atribuyó el incremento, «en buena parte», a la capacidad de las redes criminales para captar «con más facilidad» a más víctimas mediante las tecnologías de la comunicación. Conviene mirar los incentivos: cuando la captación se vuelve más barata y más amplia, el negocio ilícito gana escala y la respuesta estatal queda obligada a adaptarse con rapidez.
El documento añade que internet se usa con frecuencia para anunciar los servicios de las mujeres mediante imágenes de contenido sexual, cuya difusión puede servir también como amenaza para presionarlas. Ese mecanismo refuerza el poder de coacción de las redes y complica la detección temprana.
En cuanto a la trata sexual, el informe señala que sigue siendo la principal modalidad, con el 73 % de los casos. La Fiscalía también dice que están «aflorando» casos de explotación laboral, que representan el 13,9 % de los supuestos, y en los que los hombres aparecen como víctimas principales.
La explotación laboral detectada se concentra particularmente en agricultura y ganadería, servicio doméstico, hostelería y restauración, limpieza, construcción, y talleres y salones de masajes y estética, entre otros sectores. El dato importa más que el ruido: la trata ya no se limita a un solo circuito, sino que se extiende a varias ramas de la economía informal y formal.
En el caso de las mujeres explotadas sexualmente, la Fiscalía señala que la preponderancia de nigerianas y rumanas de hace unos años ha dado paso a una «apabullante mayoría» de latinoamericanas, principalmente colombianas y venezolanas, que suponen el 54,5 % del total. El informe añade que la mayoría son mujeres y que estas víctimas suelen ser engañadas sobre las condiciones de «abuso, coacción y explotación» a las que serán sometidas.
El Ministerio Público advierte además de que España no solo es destino de explotación, sino también país de tránsito hacia otros lugares de Europa, entre ellos Francia, Alemania, Países Bajos y Malta. Esa función de corredor eleva la presión sobre las instituciones y sobre la cooperación judicial y policial con el resto del continente.
La historia sugiere cautela: cuando una red criminal encuentra tecnología, rutas y demanda, la inercia institucional tiende a ir detrás. Sin una persecución más eficaz y sin una detección más temprana, el costo humano y el costo para el Estado seguirán aumentando.
Para una sociedad que dice querer proteger a los vulnerables, el reto es claro. O el aparato estatal mejora su capacidad para identificar, rescatar y juzgar, o la trata seguirá expandiéndose con la lógica del mercado negro: donde hay margen y poca fricción, hay más abuso.
