Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, encendió una nueva señal de alarma sobre la situación del estado fronterizo. En entrevista con Azucena Uresti, el exmandatario afirmó haber enviado mensajes directos a la presidenta Claudia Sheinbaum: «Le he mandado recados a la presidenta, que le encargamos Baja California porque las cosas están muy mal».
Los números que ofrece Bonilla son contundentes. Según sus declaraciones, más de 6,000 negocios han cerrado en el estado a causa de los cobros de piso y la violencia cotidiana. «Todos los días son de muertos, de asesinatos, de cobros de piso», dijo.
El caso Toyota concentra la dimensión económica del problema. El fabricante japonés anunció recientemente el traslado de su producción a Estados Unidos. Bonilla describió el ambiente que rodea a esa decisión: los ejecutivos corporativos de Toyota que residen en San Diego y cruzan diariamente para trabajar en la planta lo hacen escoltados, tanto a la ida como al regreso. «Esa planta vive completamente resguardada», señaló el exgobernador.
Bonilla reveló además que sus advertencias no comenzaron con la actual administración federal. Antes acudió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para alertarlo sobre lo que, según él, ocurría en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Según su relato, AMLO le preguntó qué pruebas tenía; Bonilla respondió que contaba con evidencias de funcionarios activos de la fiscalía y dos de la policía estatal involucrados en contrabando de droga. Dijo haberlo expuesto en el Senado, pero que diez días después López Obrador viajó a Baja California y «le levantó la mano a la gobernadora», lo que interpretó como una señal de que no habría acción.
El contexto político inmediato es relevante. La gobernadora Marina del Pilar Ávila acusó a Bonilla de haberle tendido una trampa para filtrar audios en los que, según trascendió el 13 de julio, ella aparece negociando con presuntos representantes del gobierno de Estados Unidos. Ávila confirmó la autenticidad de la grabación y precisó que la reunión ocurrió en enero. En el audio, según lo reportado, la mandataria manifestó disposición a proporcionar información sobre las mesas de seguridad estatales, instancias en las que participan autoridades federales, estatales y municipales. La gobernadora aseguró que Bonilla se ofreció a contactarla con personas que podían ayudarle a recuperar su visa estadounidense, retirada previamente.
El cruce de acusaciones entre ambos actores de Morena en Baja California ilustra una fractura interna que no hace sino agravar la parálisis institucional.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una empresa de la envergadura de Toyota requiere escoltas para que sus directivos crucen la frontera y opta por reubicar su producción, el mensaje al mercado es inequívoco: el estado de derecho no garantiza condiciones mínimas para operar. Los 6,000 negocios cerrados no son estadística abstracta; son empleos destruidos, cadenas de suministro rotas y recaudación fiscal que se evapora. El dato importa más que el ruido político entre facciones del oficialismo.
Lo que está en juego en Baja California no es solo la disputa entre dos figuras de Morena. Es la demostración de que la inseguridad tiene un precio económico directo y medible, que termina pagando la libre empresa y, en última instancia, el ciudadano. Mientras el aparato estatal resuelve sus disputas internas, la inversión vota con los pies.
