La Procuraduría General de la Nación pidió este jueves 27 de agosto a siete alcaldías del Tolima garantizar la atención de incendios y otras emergencias, ante el riesgo de nuevos focos forestales en el departamento. El llamado se dirige a Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, municipios que, según el Ministerio Público, todavía no cuentan con el convenio necesario para asegurar el servicio de bomberos.
El dato importa más que el ruido: mientras arde el departamento, siete administraciones locales no habían resuelto el trámite contractual mínimo para tener capacidad de respuesta. La Procuraduría exigió a los alcaldes destrabar de inmediato las medidas administrativas, presupuestales y contractuales, además de establecer mecanismos temporales mientras se formalizan los convenios. El ente de control anunció que seguirá haciendo seguimiento a lo que decidan las autoridades locales.
La emergencia es de magnitud considerable. Más de 300 integrantes de organismos de socorro y autoridades trabajan en la atención de conflagraciones, con apoyo de la Fuerza Pública y seis aeronaves destinadas a labores de control. Entre los municipios afectados por los incendios están Coello, San Luis, Suárez, Guamo, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero, Cajamarca, Rovira y Carmen de Apicalá.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves la declaratoria de calamidad pública por los incendios en Tolima, tras visitar el territorio. La crisis ya deja más de 2.600 agricultores y 50.000 hectáreas con afectaciones. En total son 23 municipios y 507 veredas asediados por el fuego. Con la declaratoria, el departamento reconoce que la emergencia superó sus capacidades y solicita apoyo del Gobierno Nacional.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desplegará más ayudas y capacidades a través del Sistema Nacional de Gestión de Desastres. Entre las herramientas que se habilitan con la calamidad pública figura la contratación directa. El abogado Mauricio Beltrán explicó que la figura permite al Gobierno «tener más herramientas para ayudar» y «sacar unos paquetes de ayuda 17 días después», recordando que simultáneamente se atendía la emergencia por el terremoto.
De la Espriella señaló que «avanzaremos en las medidas extraordinarias que correspondan frente al desastre ambiental provocado por los incendios» y anunció un plan especial de recuperación ambiental, productividad y seguridad para el departamento. «No vamos solo a apagar los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó», afirmó. El Gobierno confirmó 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para vivienda rural, además de 5.000 toneladas de heno y tamo de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y recuperar la tierra.
El contraste entre ambos niveles de gobierno es el dato que conviene mirar. El Ejecutivo nacional activó en horas herramientas presupuestales y logísticas —contratación directa, subsidios, insumos para la ganadería— mientras siete municipios acumulaban meses sin resolver un convenio básico de bomberos, el servicio más elemental frente a un incendio. La brecha no es de recursos disponibles a nivel nacional, sino de gestión local: los incentivos para que una alcaldía priorice un contrato de emergencia antes de que estalle la crisis son, evidentemente, insuficientes.
La historia sugiere cautela sobre declarar victorias tempranas. Una calamidad pública ordena recursos y acelera trámites, pero no sustituye la responsabilidad de cada municipio de mantener capacidad operativa permanente. Si la Procuraduría debe recordarle a un alcalde que necesita bomberos en plena temporada de incendios, el problema de fondo no es meteorológico: es institucional. El seguimiento anunciado por el Ministerio Público será la prueba de si esas siete administraciones aprendieron la lección o solo administraron el susto.
