La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile continuaron esta semana las diligencias para identificar a la banda que, según la investigación, planeaba un atentado contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS). El hombre detenido por el caso, Juan Flores Sepúlveda —conocido como «el Indio Juan»—, volvió entretanto a la ex Penitenciaría a cumplir su condena.
Flores fue detenido en el marco de pesquisas de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, que investigaba un supuesto plan para atacar al jefe comunal con una fecha límite: antes del 17 de septiembre. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, no lo formalizó todavía por estos hechos; solo se controló su detención para que regresara a prisión, donde cumple cadena perpetua por el femicidio de su expareja.
Según fuentes del caso citadas en la investigación, Flores se habría vinculado con una banda dedicada al narcotráfico con la que comenzó a planear el ataque con el objetivo de «neutralizar» al alcalde. Quienes conocen la pesquisa sostienen que se asoció con una de las agrupaciones de renombre que operan en dos sectores de San Bernardo, entre ellos Santa Rosa de Lima, zona donde la PDI ya había desarticulado redes criminales semanas atrás.
Los investigadores reconstruyen además los movimientos de Flores durante su tiempo como prófugo. Descartaron que haya salido del país, un dato relevante dado su historial: antes del femicidio que lo llevó a la cárcel, era reconocido como «lanza internacional». Según quienes conocen su prontuario, robaba habitualmente en Alemania, Inglaterra, España, Italia, Suiza, Brasil y Uruguay, para luego regresar a Chile.
Para no ser detectado, se movió principalmente por domicilios de la zona sur de la Región Metropolitana, en las comunas de San Ramón y La Pintana, entre casas de amigos y familiares que le sirvieron de resguardo.
El Ministerio Público sigue también una línea vinculada al comercio ambulante: Flores tendría contactos con comerciantes informales y habría buscado atacar al alcalde por los operativos de despeje de ese comercio que White ha impulsado en varios puntos de la comuna.
El caso ilustra, con nitidez incómoda, los incentivos que produce un sistema penal que no logra contener a quienes ya han sido condenados por delitos graves. Un hombre sentenciado a cadena perpetua por femicidio operó, según la propia investigación policial, como pieza de una red que combinaba narcotráfico y presiones contra la autoridad edilicia. La cárcel, en teoría, debía ser la garantía última del orden; en la práctica, la fuga y la reincidencia muestran una brecha entre la sentencia y su cumplimiento efectivo.
La presunta motivación —resistencia a los operativos de despeje del comercio ambulante— añade otra capa relevante para cualquier ciudad que aspire a proteger la propiedad y el espacio público de la informalidad organizada. Cuando la autoridad local intenta hacer cumplir la ley sobre el uso de las calles, y la respuesta que enfrenta es un plan de asesinato armado por redes criminales, el mensaje para cualquier alcalde de la región es directo: el costo de aplicar la ley puede superar, en apariencia, el de tolerarla. La historia sugiere cautela sobre declarar victorias prematuras en la desarticulación de estas bandas; el dato que importará en los próximos meses será si la Fiscalía logra formalizar cargos contra el resto de la red, no solo contra quien ya estaba tras las rejas.
